la ALICANTE. La disputa legal entre Mapfre y el consorcio Alicante Puerto de Salida 2017 a cuenta de las exenciones fiscales establecidas por el patrocinio del evento comienza a traducirse en cifras. Según precisaron a Alicante Plaza fuentes conocedoras del proceso en curso, la compañía aseguradora ha decidido interponer un contencioso para que sea un juzgado el que acabe reconociendo una parte de las deducciones comprometidas por la promoción de la prueba que el consorcio se negó a conceder el pasado octubre. En concreto, según las mismas fuentes, estaría en juego una suma próxima a los 800.000 euros.
La compañía, que además de contribuir a la organización de la primera prueba de la regata, patrocina al equipo español en la competición, habría aportado unos 22 millones en el evento (entre los que se incluyen los gastos derivados del barco). Con ello, además de buscar la difusión global de su propia imagen de marca asociada a la Volvo Ocean Race (VOR) -la conocida como vuelta al mundo a vela-, Mapfre contaba con recuperar parte de su inversión en la promoción de la cita deportiva a través de las exenciones. El propio consorcio Alicante Puerto de Salida -del que forman parte el Gobierno central, la Generalitat, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria, además de otras entidades empresariales y sociales- aprobó el plan de comunicación presentado por la compañía el 24 de marzo de 2017: un documento en el que detallaba cuáles iban a ser sus acciones promocionales para dar a conocer Alicante como sede de la etapa inicial de la competición. Ese plan de comunicación, como el del conjunto de los patrocinadores, debía quedar ajustado a las determinaciones prefijadas por el propio consorcio a través de su Manual de Marca. En él se delimitan desde las medidas de los rótulos y de los logos con referencia al evento, hasta los tiempos de presencia en pantalla, en el caso de spots televisivos, por ejemplo.
Sin embargo, como ha contado este diario, el problema llegó cuando Mapfre presentó ante el consorcio la documentación con la que debía acreditar los gastos publicitarios y las condiciones específicas de sus acciones para poder obtener las esperadas deducciones fiscales. Se trata de las exenciones acordadas de inicio por el Gobierno central, a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para todas las citas deportivas y culturales consideradas como eventos de excepcional interés público: el 15% de la inversión promocional del acontecimiento, hasta un límite del 90% de las donaciones efectuadas, durante un plazo de tres años (en este caso, entre el inicio de 2016 y el fin de 2018).
