ALICANTE. Los exediles del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens y Juan Zaragoza, se sentarán definitivamente en el banquillo de los acusados. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 dictó el pasado miércoles 10 de julio el auto de apertura de juicio oral contra ambos por las presuntas irregularidades cometidas entre los años 2003 y 2009 en la gestión y adjudicación de los contratos relacionados con el servicio de montaje de infraestructuras para actos festivos y culturales: el conocido como caso Isjoma o de la contrata de las sillas.

Junto a Llorens y Zaragoza, también se someterán a juicio ante la Audiencia Provincial de Alicante quien fuese jefe del servicio de Infraestructuras, Víctor López, y el empresario Isidro García (responsable de Isjoma), además de los funcionarios Ginés Pérez y Francisco Ramón Casal. 

Como viene informando este diario, las diligencias se iniciaron con el propósito de dilucidar si existió un fraccionamiento de pagos con la concatenación de varios encargos menores, al margen del contrato en vigor que ya había sido adjudicado a Isjoma en 2003, y si en esos encargos se alteraron precios por un importe superior al de mercado para obtener un beneficio mayor. Al mismo tiempo, se trataba de determinar si, después, en 2009, se amañó la nueva licitación del servicio para que Isjoma volviese a resultar adjudicataria del contrato.   

Ahora, diez años después de esa segunda adjudicación, el instructor de las diligencias considera a los dos exconcejales supuestos autores de un delito continuado de prevaricación y, en el caso concreto de Zaragoza, también de otro delito de revelación de secretos, a la vista de los escritos de calificación presentados tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, ejercida por los representantes de Montajes Alavés (la empresa que alertó de las supuestas anomalías, al considerarse perjudicada por el resultado de la adjudicación en favor de Isjoma). 

En ambos casos se solicitaba que se dictase apertura de juicio para los dos exregidores (ahora apartados de la primera línea de la vida política), así como para el conjunto de los investigados, a quienes se consideraba igualmente autores del mismo delito de prevaricación. En sus respectivos escritos se solicitaba para los dos exediles penas que oscilaban entre uno y cuatro años de prisión.