ALICANTE. "Las obras civiles salvan vidas", afirmaba rotundo Javier Gisbert, presidente de la Federación de Obras Publicas en Alicante (FOPA), en su bienvenida a los asistentes al inicio de la gala de entrega de los XVIII Premios FOPA. Con su primera intervención quería tener unas primeras palabras de homenaje a las víctimas del trágico episodio de la dana de Valencia, pero, además, quería evidenciar y reivindicar el "valor social de la obra pública", defendiendo a las empresas del sector, en referencia a las situaciones de emergencia.
Gisbert ha recordado que las empresas alicantinas "también han estado presentes en la limpieza, reconstrucción y restablecimiento de los servicios en los municipios afectados por la riada", pero ha querido incidir, además, en la importancia de las inversiones públicas para abordar las infraestructuras que ayuden a minimizar el futuro impacto de estos episodios. "Las obras que hubiesen evitado la catástrofe habrían costado unos cientos de millones, mientras que ahora la reconstrucción requerirá miles de millones", afirmaba el presidente.
En este sentido, la lista de reclamaciones de la entidad al Gobierno central es ampliamente conocida. "Cuando me preguntan por las reivindicaciones en infraestructuras de la provincia, siempre digo que lo tengo fácil: son las mismas desde hace más de diez años, porque no se ha hecho nada", destacaba Gisbert. Además, destacó la necesidad de acometer una reforma en la Ley de Contratos del Sector Público en el que "se habilite una herramienta de revisión ordinaria de precios justos y un reglamento de la ley actualizado".
Gisbert, que recordó que "el beneficio medio en construcción de la obra pública es menor del 3%", afirmó que esta situación lastra la viabilidad de muchas empresas de este ámbito, "una realidad que la sociedad general desconoce y que afecta a un sector que aporta más del 8% del PIB en la provincia. Así, entre las reivindicaciones, también apuntó la necesidad de un cambio en el procedimiento administrativo para generar suelo destinado a la construcción de viviendas, que permita generar más oferta y combatir la escalada de precios.
En este sentido, valoró positivamente el Plan VIVE que impulsa la Generalitat, pero reclamó procedimientos administrativos más ágiles para desbloquear los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), "cuyas resoluciones se alargan a plazos superiores a los diez años", afirmó ante el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien respondió a las peticiones desglosando con una agenda de inversiones por valor de 300 millones de euros en la provincia de Alicante.
