BENIDORM. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha anunciado este miércoles la cesión al Ayuntamiento de Benidorm de los locales de la avenida Beniardà que albergaban antiguamente los juzgados de la ciudad. Así lo ha informado tras una reunión con el alcalde, Toni Pérez, aunque aún están estudiando cuál será su uso futuro. Un movimiento de la Generalitat que ha venido reclamando el Consistorio desde 2016 en varias ocasiones.

El acuerdo establece un plazo de cesión por 30 años, por lo que estiman un ahorro para la Generalitat de 101.000 euros que destinaría en estas tres décadas para el pago del IBI. No obstante, la cesión está pendiente de formalizar puesto que tendrá que ser aprobado previamente por el pleno, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.

Los locales albergaron en su día los antiguos juzgados de la ciudad, antes de que se abriera al público el Palacio de Justicia. Son once inmuebles que llegan a los 1.250 metros cuadrados y están ubicados en el número 12 de la avenida Beniardá. Unas instalaciones de las que el primer edil remarcó su importancia por su emplazamiento.

Durante su intervención, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento ya había pedido la cesión de estas propiedades en ocasiones anteriores. En diciembre de 2017 el Consistorio informó que la Generalitat, entonces presidida por el Botànic, les había negado la cesión aludiendo a que se reservaba el uso de estos espacios para la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. Sin embargo, en todo este tiempo no se llegó a abrir. Cabe mencionar que lo hacían en respuesta a las dos peticiones cursadas de 2016: a principios de año por parte del grupo Compromís-Los Verdes y en septiembre por el PP. Este miércoles el alcalde se refería a la contestación del anterior gobierno autonómico señalando lo siguiente: "Nunca obtuvimos una respuesta que fuera en sintonía a la demanda del pueblo de Benidorm".

Usos futuros

En aquel entonces el Ayuntamiento contemplaba ofrecer estos locales a Cruz Roja y otras ONGs locales. Pero, preguntado por los usos previstos ahora, el primer edil informó que todavía están estudiando las opciones, y mencionó que una de ellas podría ser ubicar ahí la extensión administrativa y el PROP del barrio, cuyas instalaciones actuales se sitúan a escasos metros, pero dispondrían de más espacio. Además, mencionó que el Consistorio tiene servicios municipales conveniados con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que podrían "encontrar ahí en ese emplazamiento una nueva disposición", también habló de otros usos "como es el movimiento vecinal, asociativo, de participación, que en función" de lo que tengan que "adecuar y adaptar" se podrían ubicar allí.

El popular afirmó que "próximamente, de forma casi inminente" la administración local podrá aceptar esta cesión. Tras esto, tendrán que acondicionarlos para su próxima apertura. Por su parte, la consellera consideró que era "incomprensible que todos los bienes, recursos, materiales, humanos de la administración no se utilicen de una forma exquisita y se optimice su utilización" y aseguró que "desde el primer día", el gobierno de Carlos Mazón tiene como una de las premisas que los "recursos se utilicen de forma óptima".  Al encuentro ha asistido también el director general de Patrimonio, Tony Woodward, que según explicó la consellera, "desde el primer día está haciendo un inventario para poder sacar lo mejor de todos los recursos que tiene la Generalitat Valenciana y lo mejor es utilizarlos al servicio de la ciudadanía".

“Se trata de unos locales en desuso que están ocasionando un perjuicio económico a las cuentas de la Generalitat. Por ello hemos considerado conveniente priorizar la cesión, evitar su abandono y que permitir al Ayuntamiento poner estos locales a disposición del ciudadano benidormí”, indicó Ruth Merino.