Fue el pasado domingo 15 de marzo, cuando a media tarde se hacía público el comunicado de la Casa Real por el que se anunciaba que el Rey Felipe VI renunciaba a la herencia de Don Juan Carlos "que personalmente le pudiera corresponder", al tiempo que se avanzaba que Don Juan Carlos dejaba de percibir la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa de S.M. el Rey. Detrás de todo, como saben, están las informaciones que apuntan a las finanzas del Rey Juan Carlos llevan años bajo sospecha sobre el presunto cobro de comisiones ilegales.
El anuncio, realizado en pleno inicio de las medidas de confinamiento decretadas con la entrada en vigor del Estado de Alarma, parece haber pasado en un segundo plano dentro de la agenda mediática, aunque todos los medios de comunicación se hicieron eco, con destacados titulares. Otra cosa es cómo se han posicionado para analizar lo ocurrido y para distinguir entre la figura del rey emérito y la Monarquía. No sabemos cómo finalizará el caso de las supuestas comisiones ilegales, pero la única verdad es que a Juan Carlos I no se le puede juzgar por lo ocurrido antes de 2014, cuando abdicó y, por lo tanto, sólo a partir de ese año, cuando perdió su inviolabilidad penal.
Sirva este ejemplo, capital en el sistema democrático español, independiente de cuál sea su desenlace, para poner de nuevo sobre la mesa la necesidad de transparencia de todas las instituciones públicas, y que lo que pasó en España a partir de la crisis económica 2009, con la aplicación de medidas en favor de la mejor fiscalización de los recursos públicos y de la labor de sus responsables políticos, sigue vigente y debería inmiscuir a instituciones como la Monarquía, Cuando más transparentes son las instituciones, mejor se defienden. Hay que ser exigentes siempre, gobierne quien gobierne, esté quien esté.
Viene esto al caso porque hace aproximadamente una década, Alicante en particular, y la Comunitat Valenciana, en general, pasó por una situación similar. No sólo por lo que sucedió en las instituciones públicas, y con los casos de corrupción protagonizados por determinados políticos. La confusión de poder y legitimidad fue tal durante unos años que los medios de comunicación llegaron tarde a la tarea de la fiscalización en algunas instituciones y sólo incrementaron la presión y comenzaron a sacar episodios vergonzosos y vergonzantes con el habeas corpus de la entidad de turno yaciente.
No mencionaré administraciones públicas. Creo que todo sabemos lo que pasó durante una época en la Comunitat Valenciana, y cómo ha acabado. Hay otros dos casos más sangrantes: la semipública Caja de Ahorros del Mediterráneo y el Hércules CF, sociedad anónim, pero de elevado calado social en la ciudad de Alicante. En el primer caso, la CAM, hasta el 2008, cuál monarquía local, gozó de inmunidad informativa: la crisis había comenzado a hacer mella, pero todavía no había tenido efectos drásticos en el territorio; es más, ese año, el 2008, le fue bien a la CAM, con lo que la joya de la corona de Alicante era como Juan Carlos I, intocable para todos. Creo recordar que sólo con los intentos de fusión con CajaAsturias, como entidad casi directora de la operación, y con CajaCantabria y CajaExtremadura, empezaron a sembrarse las primeras dudas de la gestión, que finalmente acabaría con la intervención del Banco de España, en julio de 2011. Hasta esas fecha fue un bastión incuestionable para los medios de comunicación, y máxime para el dominante
