VALÈNCIA (EFE). El pleno del Consell ha acordado este viernes destinar cinco millones de euros más en ayudas al alquiler de vivienda para familias vulnerables afectadas por la covid-19, con lo que en total serán 12'5 millones los destinados a paliar los efectos de la pandemia en los alquileres de vivienda habitual.

La ayuda podrá alcanzar hasta el 100 % de la renta que conste en el contrato de arrendamiento, hasta un importe máximo de 650 euros al mes y por un periodo máximo subvencionable de seis meses, según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

El objetivo de esta iniciativa es ayudar a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del coronavirus, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y social.

Las ayudas promovidas por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática tienen un importe global máximo estimado de 5 millones euros, sin perjuicio de su posible ampliación con fondos procedentes del Estado o de la Unión Europea.

La Conselleria ya lanzó en mayo unas primeras ayudas para el pago del alquiler por valor de 7,5 millones euros, si bien la evolución de la pandemia ha hecho necesaria convocar de nuevo estas ayudas, con lo que el Consell destinará un total de 12,5 millones de euros a esta medida.

Este programa incluye la concesión de ayudas para hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de financiación que las entidades bancarias hayan ofrecido a las personas solicitantes que se encuentren en la situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del coronavirus.

Se concederán de forma directa, atendiendo a la mera concurrencia de los requisitos para ser beneficiario por aplicación de los criterios establecidos, como pasar a estar en situación de desempleo, o Expediente Temporal de Regulación de Empleo o, en caso de ser empresario, haber reducido su jornada por motivo de cuidados u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.

Por otra parte, el pleno del Consell ha autorizado la firma de un convenio con el Ministerio del Interior para que la Guardia Civil custodie los juzgados valencianos, con un coste de 3'4 millones de euros al año para vigilar 60 edificios judiciales.

También se ha aprobado la declaración de emergencia de la contratación de las obras para la reparación inmediata del revestimiento de las fachadas de la sede judicial de Benidorm debido a su deterioro, (701.800 euros), y se ha autorizado a la Entitat Valenciana d’ Habitatge i Sòl, (EVha) a adquirir 2.000 acciones de la Sociedad Plan Cabanayal-Canyameral, S.A por valor de un millón de euros.

Finalmente, se ha aprobado el decreto que regula los aprovechamientos forestales en montes privados de la Comunitat Valenciana y la venta o cesión de aprovechamientos forestales en montes gestionados por la Generalitat, mediante el que se simplifican algunos trámites administrativos y se incorporan servicios como los recreativos en instalaciones públicas y actividades de gestión no generadoras de productos forestales.