VALÈNCIA. Golpe de timón legislativo. El PPCV y Vox, socios en el Gobierno valenciano, acometieron este jueves un cambio de paso desde Les Corts que apunta a marcar el mandato y, sobre todo, el primer año de ambos partidos al frente del Consell. Tras unas negociaciones extremadamente discretas durante semanas, sólo desveladas en los últimos días por Valencia Plaza, los referentes de los dos grupos parlamentarios presentaron en rueda de prensa cinco proposiciones de ley que fueron registradas este mismo jueves. 

Juan Francisco Pérez Llorca y Miguel Barrachina por el PP, y José María Llanos y David Muñoz por Vox, fueron los encargados de comparecer ante los medios para desgranar algunos de las aspectos de las normas, tratando de mostrar una imagen de unidad que recientemente se ha visto alterada en varias ocasiones. El deseo: transmitir que ambas formaciones se encuentran aliadas en las cuestiones de gestión que consideran fundamentales, como las leyes alumbradas este jueves. 

Un conjunto legislativo diverso y transversal que ataca la línea de flotación del anterior gobierno progresista conformado por el PSPV, Compromís y Unides Podem sustituyendo o reformando varias de sus iniciativas más emblemáticas. Así, la ley de Plurilingüismo pasa a convertirse en una ley de Libertad Educativa; la ley de Memoria Democrática se sustituye por la ley de Concordia; se acomete una importante modificación de ley de Transparencia y la de Incompatibilidades; se deroga la ley de la radiotelevisión pública valenciana para presentar una nueva y también se reforma la ley de la Agencia Antifraude.

Una serie de actuaciones que poseen un trasfondo político importante, donde también la escenificación elegida fue relevante. En Les Corts, en la tarde de un jueves después del pleno postFallas, con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, centrado en una cumbre por el agua en Murcia con su homólogo, Fernando López Miras, los lugartenientes de ambas formaciones fueron los encargados de marcar la línea política con un contenido legislativo que será noticia durante los próximos meses. Lo que desliza la idea de que mientras el jefe del Consell se mantiene para las cuestiones más mediáticas y de exposición pública, existe un equipo detrás que se encarga de las iniciativas más contundentes o de una venta más complicada. De hecho, la oposición quiso hacer un añadido: se sumaba a que era una jornada clave judicial al ser el día del inicio del juicio del caso Erial que sienta en el banquillo a Eduardo Zaplana.

Sean casualidades o no, lo cierto es que ni el día ni la hora eran los más propicios si se trata de unas leyes de las que sacar pecho. Y es que algunas de ellas tienen un sello estratégico importante. Con tres de estas iniciativas, el Gobierno valenciano se asegura el control de los nombramientos de todos los órganos de dirección de À Punt, la mayoría para designar al presidente de la Agencia Antifraude y el desbloqueo de otro órgano estatutario: el Consell de Transparencia. Nada de ello necesitará ser pactado con la oposición. 

El mensaje oficial desde el PP es que frente al "bloqueo" de las fuerzas de izquierdas a la hora de negociar órganos y entes, su deseo es llegar a "consensos", tal como manifestó Pérez Llorca. En realidad, se trata de un órdago en respuesta al del PSPV y Compromís. Ambos ya anticiparon que no negociarían nada con el PP si no dejaba fuera a Vox. Una posición inasumible para los populares al tratarse de sus socios y que dejaba tanto la elección de la dirección de Antifraude como la renovación de los órganos estatutarios en una situación de bloqueo. 

La solución del PP con el cambio de las leyes pasa ahora por el aviso: podemos negociar con la oposición, pero si no quiere siempre tendremos la posibilidad de sacarlo en solitario, vienen a plantear.