El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales, liderado por el Ministerio de Juventud e Infancia. La norma nace con el objetivo de "fomentar un uso responsable de las tecnologías" y establece, entre otras medidas, un control parental obligatorio y gratuito en los aparatos electrónicos más utilizados, como los móviles y las tabletas. Además, los 16 años, será la edad mínima para acceder y registrarse en redes sociales, ahora está en los 14 años.
El debate está servido, ya que los expertos coinciden a la hora de definir el texto como un "avance", aunque sostienen que "las familias deben implicarse y asumir responsabilidades". Y no sólo las familias, también las administraciones y la sociedad en general.
El reciente debate en torno a la nueva Ley de Protección de Menores ha generado opiniones divididas entre expertos en educación y sociedad. Hablamos con Mar Romera, profesora, licenciada en Pedagogía y Psicopedagogía, y especialista en inteligencia emocional.
Romera comienza la entrevista con una declaración contundente: "No creo que sea útil". A pesar de su tono inicial, explica que su escepticismo no proviene de una actitud derrotista, sino de una perspectiva realista basada en experiencias pasadas con leyes similares. "Estamos hablando de procesos de sensibilización desde todos los sectores, es bueno que esto se hable". Sin embargo, subraya que la mera existencia de la ley no garantiza su aplicación efectiva.
En su análisis, Romera se centra en los artículos 30 a 38 de la ley, que se refieren a la protección en el ámbito educativo. Señala que, a pesar de ser una ley de rango superior, muchas de sus disposiciones no se cumplen en la práctica. "Esto significa que la ley es mala, no lo creo. Esto significa que la ley no tiene una buena idea al pensar que como sucede en este anteproyecto de ley, pues no lo creo tampoco", añade. Según ella, la ambigüedad y generalidad de las leyes hacen que su aplicación dependa en gran medida de las personas y las estructuras involucradas.
Uno de los aspectos más polémicos de la nueva ley es el aumento de la edad mínima para acceder y registrarse en redes sociales de 14 a 16 años. Romera cuestiona la eficacia de esta medida, destacando la facilidad con la que los menores pueden eludir las restricciones de edad en las plataformas actuales. "Si para abrirme una cuenta me preguntan en qué año he nacido y yo digo en el 1920 y se lo admiten, ¿cuál es el problema?", cuestiona.
La conversación se extendió a las implicaciones sociales y culturales de la normativa. Romera destaca la necesidad de crear espacios sociales adecuados para los jóvenes, tanto en el ámbito físico como virtual. "Qué hacen los chavales entre 14 y 18 años, dónde pueden ir y la respuesta es a un centro comercial. En su opinión, la falta de alternativas de ocio saludable contribuye a que los jóvenes busquen refugio en las redes sociales, exponiéndose a contenidos inapropiados y riesgos.
Para Romera, la solución no radica únicamente en establecer normas restrictivas, sino en una educación integral y transdisciplinar que involucre a toda la comunidad. "Lo primero que tenemos que recuperar es la red de la comunidad y responsabilizarnos de forma transdisciplinar de los niños y las niñas". Aboga por una reestructuración del sistema educativo que vaya más allá de la instrucción académica y promueva el desarrollo integral y emocional de los menores.
En cuanto al uso de tecnología por parte de los niños, Romera propone restricciones claras basadas en etapas de desarrollo. "Hasta los tres años, no hay pantallas. Hasta los seis, las pantallas son en grupo. Hasta los nueve, nada de ordenadores de pantalla y de acceso a Internet de forma individualizada", detalla. Estas recomendaciones se fundamentan en estudios sobre el desarrollo neurológico y el impacto de la tecnología en el circuito de recompensa del cerebro.
Finalmente, Romera subraya la importancia de la implicación de los padres en la gestión del uso de tecnología por parte de sus hijos. "El móvil te lo estoy prestando, no es tuyo", enfatiza, proponiendo un enfoque de supervisión y control parental activo.
La entrevista concluye con un llamado a la acción conjunta de la comunidad, las instituciones educativas y los padres para crear un entorno seguro y saludable para los menores.