Desde su puesta en marcha, la Agencia Valenciana Antifraude se ha convertido en una suerte de Pepito Grillo, agitando las conciencias de las administraciones velando para que no haya incumplimientos en las contrataciones, enriquecimientos indebidos, protocolos desfasados, y todo, en aras de evitar, no solo comportamientos dolosos para las arcas publicas sino también, sospechas de corrupción en la gestión. Tras la memoria de 2022 presentada en marzo, y a las puertas de las elecciones, chequeamos la situación de la legalidad en el ámbito administrativo con Joan Llinares, director de la Agencia.
En esa memoria, la Agencia señala a las administraciones que no hacen caso a las recomendaciones que se les traslada. No obstante, Llinares quiere destacar que la mayoría de los ayuntamientos y demás instituciones, cumplen con las peticiones que se les realiza, y en otros casos, aunque niegan haber hecho mal las cosas, ya no vuelven a hacer las cosas igual. El director de la Agencia valora que ya se producen menos contrataciones sin concurso, que para él, es una de las peores prácticas que se pueden cometer. Antifraude 'atiza' en su memoria a corporaciones que son gobernadas por diferentes partidos. Aquí el color político parece importar poco. "El problema de la mala praxis en el ámbito de las administraciones públicas no es una cuestión de ideología. La corrupción y el fraude no es una cuestión de que haya una ideología que sea más corrupta o no. Es desvío de poder. Desde el ámbito de los propios partidos deberían establecer mecanismos para que se detectaran este tipo de conductas antes de que llegue a a instituciones como la Agencia. Al poder le incomoda todo lo que sea una revisión de sus actos", apostilla Llinares.
El Bus de Grezzi
A pesar de que la mayoría acepta las recomendaciones, ha habido casos en los que la respuesta no ha sido la deseada o esperada. "Ha habido intentos en aquellos casos en las que las recomendaciones no han querido ser aplicadas por parte de la administración expedientada, en algún caso, no en todos, ha habido hasta beligerancia como el caso del Bus Turístic de València", en referencia a una investigación que fue la relativa al servicio del Bus Turístic, que la concejalía de Movilidad Sostenible que dirige Giuseppe Grezzi (Compromís) no ha sacado a concurso en las dos legislaturas que lleva en el Ayuntamiento. La agencia le afeó que siguiera manteniéndolo a dedo tras ocho años en una situación que proviene de la etapa del PP. ncluso detectó una irregularidad en una de las prórrogas concedidas a la firma sevillana Viajes Privilege, que entró en la gestión. Pero la cosa sigue igual. "Lo peor que se puede hacer es negar las competencias de la Agencia para entrar en una cuestión de políticas públicas que afectan al bolsillo de los ciudadanos . Cuando vemos reacciones de esta naturaleza, se sale del margen de un debate. ¿Cómo se puede negar las competencias de una institución que ha sido creada por Les Corts para precisamente detectar este tipo de cuestiones? ¿Hacia dónde vamos? Esto a la Agencia es lo que más nos sorprendió", recuerda Llinares que señala el coste económico (al no recaudarse dinero) que supone no haber sacado a concurso esa licitación.
La publicidad de Presidencia
Por otra parte, la memoria cita la investigación que alertó de casi una decena de irregularidades en el contrato de patrocinio de 242.000 euros (IVA incluido) concedido a dedo por Presidencia de la Generalitat a la Cadena Ser para el evento 'Congreso del Bienestar' que tuvo lugar en el Palau de les Arts de València los días 24, 25 y 26 de enero de 2020. Una cita con cariz político en la que se reflexionó sobre la socialdemocracia. El departamento de Ximo Puig optó por un contrato de patrocinio negociado sin publicidad pese a la importante cuantía del mismo y lo argumentó en su momento en la promoción que suponía para la Comunitat Valenciana. La Agencia recomendó a Presidencia que procediera a la revisión de oficio de los actos incursos en causa de nulidad de pleno derecho o anulabilidad con relación al contrato de patrocinio. También que en un futuro cumpla con los criterios de la Sindicatura de Comptes y con las sentencias judiciales en esta materia. No se ha hecho. "La publicidad institucional ya sabemos qué es. Viene de lejos que a través de esa publicidad se mejora la cuenta de resultados de unos medios en detrimento de otros. Deberían haber criterios objetivos pero nosotros no los hemos encontrado. En nuestras recomendaciones pedimos que se aplique la Ley de Publicidad Institucional, porque existe una ley y sería algo tan sencillo como que se cumpliera", asegura Llinares, quien en La Entrevista también habla del futuro de la Agencia, del desarrollo normativo para impulsarla y de otros cuestiones.