En plena campaña electoral, el Partido Popular de la mano de Carlos Mazón proponía para gobernar, aminorar, reducir grasa y gasto político en la Administración valenciana. En algunos momentos también habló de cerrar chiringuitos creados por el Botànic, argumento mucho más utilizado por Vox, que tiene en su punto de mira, a mas de una. Aunque no han explicitado claramente sus intenciones, lo cierto es que Las Provincias publicó que la nueva mayoría de PP y Vox en la Generalitat está planteándose cargarse la Agencia Valenciana Antifraude como parte de su política de "acabar con los chiringuitos". De este y otros asuntos, hablamos con Joan Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, conocida como Agencia Valenciana Antifraude.
Llinares se niega, desde su posición como responsable de un órgano de control creado por el parlamento valenciano, a hacer valoraciones o análisis políticos sobre noticias que aparecen en los medios de comunicación, "la solidez de la Agencia está basada en su imparcialidad, en su neutralidad, en su independencia, y es lo que hemos venido haciendo desde su puesta en marcha", advierte Llinares que señala, eso sí, la importancia de la AVAF como una "exigencia de la Unión Europea, que todas las administraciones deben tener sus agencias antifraude, que tengan los buzones de denuncia, y que se luche contra la corrupción", circunstancias sobre las que se adelantó la Comunitat Valenciana.
Teniendo en cuenta que la Conselleria de Transparencia, que sí que va a desaparecer, eliminar a la Agencia supondría una merma del control de la gestión de los gobiernos. Llinares recuerda, al respecto, que acaban de publicar el 'Código de Integridad de la Comunitat Valenciana' que se podría asemejar a una suerte de código de circulación. "Si no hubiera radares en las carreteras, que si no hubiera un control preventivo en materia de Seguridad Vial, tendríamos mas miles de muertos al año, y eso se puede trasladar a otras facetas en materias de prevención como con los riesgos laborales, pues ocurre lo mismo con las agencias antifraude, es un necesidad para evitar que las tentaciones de aquello que gestionan recursos públicos acaben en corruptelas que puedan acabar en las grandes corrupciones".
Los recelos de la izquierda y la derecha
Hay quien puede pensar que solo desde la derecha miran con malos ojos a la Agencia, pero no son pocos los dirigentes de izquierda, quienes critican su labor o que sus expedientes no acaban en la Fiscalía. "Hay personas que necesitan mentir, no es cierto, algunos sí han acabado en Fiscalía pero hay un error de base. la corrupción no es una cuestión penal y ese es el gran error, y cuando vas a la vía penal te encuentras con casos que no acaban de nada y lo penal es el último lugar al que acudir, entonces la primera ratio es la prevención, las agencias antifraude. Que llegue a la vía penal, suele ser la corrupción mas nociva, pero hay muchos comportamientos del poder, que estando el embrión de la corrupción dentro de ello no tiene nada que ver con los delitos del código penal", asevera Llinares que recuerda que la corrupción no es una cuestión ideológica, ni política, "todo gobernante tienen la obligación de evitar que haya corrupción en el ámbito de su gestión".
Los recursos de UGT
En cualquier caso, Llinares no tiene sentimientos con respecto a los recelos de diferentes partidos en relación a su trabajo. "La independencia tiene esos costes, el no sentirnos vinculados a ninguna visión política de la gestión, nosotros aplicamos el ordenamiento. Entiendo que a quien gobierna, no le guste, porque les decimos que deben hacer unos contratos de una manera distinta a la que hacen. Esto se produce con quienes han gobernado como quien va a gobernar ahora", insiste el responsable de Antifraude que recuerda que "nuestra obligación es ser independiente", algo que tiene muy presente desde el minuto uno. "Sabía cuando fui elegido que no venía a hacer amigos. Al principio fueron momentos de soledad, no lo tuve fácil cuando se ponía en marcha, cuando intenté reclutar funcionarios, ya tenía un recurso contencioso administrativo de la UGT contra la primera relación de puestos de trabajo que era provisionalísima, y varios meses después el mismo sindicato puso otro recursos planteando la inconstitucionalidad de la Agencia, lo cuento porque hay que saber lo que costó poner en marcha, lo que significó. Hay toda una historia, seis años m uy intensos y sabemos que no han sido ayudas, precisamente, lo que hemos recibido", cuenta Llinares, que dice que "afortunadamente" le queda un año de mandato no renovable.
En el transcurso de La Entrevista, se le interpela a Llinares sobre qué cuestión le ha preocupado más de todo lo que han investigado, informado o comprobado. "Las represalias contra las personas que dentro de las administraciones exigen la integridad pública y luchan contra la corrupción. En estos momentos, proteger, defender a una persona que denuncia corrupción es más difícil que subir al K2, en términos montañeros, o es mucho más difícil defender a personas que denuncian corrupción que subir al Tourmalet en plena ventisca de invierno. Es la tarea más duras de todas", defiende Llinares.
