Ya se viene advirtiendo desde hace tiempo que el sector de la construcción se manifestaba con indignación por aquel Real Decreto que el Gobierno aprobó para la revisión de precios de los contratos públicos para compensar la escalada alcista de las materias primas y que está dejando un reguero de licitaciones desiertas y una parálisis en el sector, al menos eso han ido denunciado sus portavoces. Hablamos, este lunes, con uno de ellos para saber cual es el minuto y resultado de este partido lleno de obstáculos en el terreno de juego. Lo hacemos con José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Contratistas de Obra Publica de la Comunitat Valenciana (Fecoval) y Vicepresidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
En el origen de todo este embrollo los decretos aprobados decretos por el Gobierno. Los dos primeros que abordaron este asunto, el de paliar el aumento de los precios se encontraron con condiciones muy restrictivas para acogerse a él, y el tercer decreto tampoco ha aliviado nada, más aún con el tope (20%) implantado que queda lejos "del 30-34% del sobrecoste que tenemos", apunta Santa Isabel. "No solo eso, sino que no se resuelven los expedientes". El dirigente de la patronal lamenta las condiciones impuestas. "Al principio las obras de menos de doce meses de plazo no se podían revisar, ahora de cuatro meses sí, pero cuatro de ejecución y tenga usted en cuenta que desde que te licitan una obra hasta que se ejecuta pueden pasar dos, tres o cinco meses, como seguimos con el 80% de las empresas sin poder revisarlas, y teniendo la obligación de ir a in contencioso que supone un año y medio de pleito que la mayoría de las empresas no lo pueden aguantar, la carga está a lomos de las mismas".
En este escenario tampoco pueden tener la salvaguarda del gobierno autonómico de turno porque, por ejemplo, la Junta de Extremadura aupó un decreto autonómico que permite revisar la alza el precio de los materiales y el Gobierno, en comisión bilateral, ha ganado el envite y la Junta no podrá establecer medidas de compensación en los contratos de obra pública anteriores a 2021, en aquellos casos en los que se origine un sobrecoste derivado de un alteración «extraordinaria e imprevisible» de los precios de los materiales. Algo que también ha ocurrido con otras CCAA.
Corregir precios
En territorio valenciano se han puesto manos a la obra y en los nuevos contratos se están corrigiendo los precios. Esa parece la solución más pausible. "Corregir los precios de los contratos y adecuarlos al mercado, más ahora que tenemos una obligación como Estado que es cumplir con los plazos de los fondos europeos, no estamos para dejar obras desiertas, estamos para darle fluidez a la contratación, no a cualquier precio pero sí a un precio moderado de mercado", explica Santa Isabel.
En este sentido, piden desde la construcción que las condiciones de las licitaciones sean consensuadas. "Si nos gustaría que los pliegos que rigen los concursos se pactaran con el sector para que no hubiera, vuelvo a decir, problemas para cumplir con los plazos que marcan los Next Generation, nosotros estaríamos encantados de hacerlo", asegura el presidente de Fecoval.
El caso es que, ante las condiciones expuestas, siguen quedando desiertas muchas licitaciones de obra pública. Desde 2019 se estaba en un 1,5% de licitaciones que se quedaban en el limbo, ahora se llega al 4,10% y subiendo.
Los ayuntamientos son los que más problemas están teniendo. "De las 99 obras públicas que han quedado desiertas en la Comunitat, 66 son de los ayuntamientos", dice Santa Isabel, que asegura que más de 400 empresas han cerrado en España durante el primer semestre de este año, lo que representa el 19%, en la Comunitat llegan al 19%".
Los recursos ante Adif
Y para rematar la faena, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha fallado a favor de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en el primero de los más de 20 recursos interpuestos por la patronal contra una de las obras licitadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por incluir las controvertidas cláusulas anticorrupción, calificadas de "abusivas" por las constructoras. En concreto, piden anular la cláusula 39 que permite al licitador rescindir un contrato de obra si el contratista incurre en prohibición de contratar con la administración pública por prácticas contrarias a la libre competencia sin que medie antes resolución judicial. De todos los recursos interpuestos contra decenas de obras del gestor ferroviario en toda España, está el del soterramiento de las vías del tren (canal de acceso ferroviario) del Parc Central de València, por 453 millones de euros, y la reforma de la Estación del Norte (19 millones de euros). Se entiende que, aquí, el Tribunal les dará la razón como en el recurso que interpusieron contra el pliego de licitación de una obra en Palencia. Pero Santa Isabel lanza un mensaje de tranquilidad. La obra no sufrirá retraso significativo. "El recurso se puso en tiempo y en forma, y la licitación se puso con tiempo suficiente hasta que se resuelva, y el procedimiento no se va a parar. Es normal la posición de la CNC ante una clausula que está fuera de derecho como así lo ha constatado el Tribunal".
