Este jueves se dieron a conocer los resultados de la investigación realizada por la Fundación Hay Derecho "El Dedómetro" que analiza, a través de la recogida y análisis de datos públicos, el nivel de politización y amiguismo en la designación de los máximos responsables de 30 entidades de la Comunitat Valenciana a lo largo de 10 años. Hablamos del particular con Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho.

La investigación ha sido expuesta ha abarcado un periodo de diez años, desde 2012 a 2022. En la Comunitat ha analizado un total de 30 entidades (públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, consorcios y autoridades independientes) y 63 currículums, con sueldos medios de 64.000 euros anuales. Así, ha evaluado el perfil de los responsables en base a mérito, capacidad, experiencia, formación, vinculaciones históricas de carácter político y tiempo de permanencia en el puesto, además de la transparencia en el acceso a toda esta información. 

Las fuentes del informe han sido la información pública que figura en webs oficiales o en perfiles, además de la solicitud de información a las entidades. En algunos casos éstas han respondido. En otros no, por lo que al no poder tener, por ejemplo, currículums completos de personas, su valoración ha ido a la baja. Y es que la falta de transparencia es uno de los puntos negativos en los que mas incide Cantos en La Entrevista.

Entre las conclusiones del análisis figuran la alta rotación de los puestos "cuando para aplicar estrategias a largo plazo se debería permanecer en él", señalan los directores de la fundación. También la "mala calidad de la información pública sobre los currículums", que sólo el 10% de los gestores tienen notas superior al 8 o que la media general del mérito y la capacidad es baja y sin mejoras en los últimos años "salvo en la formación". "En algunos casos estamos condenados a la mediocridad", apunta la directora de la Fundación Hay Derecho. Y es que como apunta Cantos, "muchas veces prima el carnet de partido, en algunos casos, se usan los puestos en empresas públicas para la colocación de amigos políticos".

Todo esto afecta a la calidad de la democracia. "Todas las cuestiones de a quien pones, al servicio de qué,  redunda en la calidad de la democracia y lo que hablábamos de la transparencia, de la opacidad de la información, de hacer pública la gestión de las empresas, de cómo se gasta el dinero, publicar el perfil completo de quien esta al frente y, por supuesto, la concurrencia de como acceder a los puestos", sostiene Cantos.

Como casos destacados en la Comunitat en lo que a bajo nivel de gestores se refiere, han mencionado Ciegsa (encargada de la construcción de centros educativos) y la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha). En la parte alta del ranking aparece la Agencia Antifraude, lugar en el que se ha presentado el informe este jueves y que dirige Joan Llinares. Le sigue la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) con Andrés García Reche al frente. 

En cualquier caso, necesarios este tipo de estudios que desnudan las vergüenzas de nuestro sistema, cosa que incomoda a los partidos políticos. "Al poder le cuesta mucho aceptar que haya otras autoridades que lo que hagan es vigilar como se ejerce el poder", sentencia Cantos.