El Pleno del Consell aprobaba el pasado 10 de marzo, el Decreto de Tipología en materia de servicios sociales. La Vicepresidenta y Consellera de Igualdad, Aitana Mas, aseguraba que el decreto establece las mejoras que deben llevarse a cabo y que favorecerán una mejora de ratios, poner fin a las macroresidencias y la creación de nuevos puestos de trabajo. La semana pasada hablamos al respecto con Xavier Uceda, secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema y este lunes, lo hacemos con representantes de dos entidades sociales para valorar la situación. En concreto Montse Rams presidenta de la Asociación Coordinadora de Recursos de Atención a personas con diversidad intelectual y funcional (Copava) y con Santiago Llopis, presidente de la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer (Fevafa).
Un decreto nuevo siempre genera recelos, pero éste era reclamado por todos los implicados que entienden que era necesario para actualizar el marco normativo. "Estábamos muy ilusionados", afirman Rams y Llopis que no obstante muestran dudas sobre cómo se va a implementar. Dudas sobre si, efectivamente, las soluciones que plantea el Decreto solucionará los problemas reales que existen. Ampliación de ratios, más profesionales, y un coste, que según la Generalitat, la asumirá la Administración con una dotación para los próximos años de 137 millones de euros. "Queremos ver esa memoria económica", expone Llopis, quien, como Rams, lamentan que los tiempos de adaptación para un tipo de plaza o de otro, son diferentes y que la pública debería "dar ejemplo en este sentido". Pero lo importante es, y así lo reflejan, "son los usuarios, lo demás es secundario", sostiene Llopis.
También tienen cierto recelos sobre la graduación planteada, ya que creen que debería haber sido más flexible dada la casuística de los servicios sociales. "Si apostamos por la mejora de la calidad de vida de las personas, no todos somos iguales, teniendo la misma discapacidad, tampoco. Entiendo que ir al detalle es complicado. Está claro que hay que organizarlo para poner orden, todos de acuerdo, pero necesitamos flexibilidad. A lo mejor en un centro ocupacional con seis monitores es suficiente y en otro centro, a lo mejor, necesitan más personal. Que la propia entidad diga qué es lo que necesita y que la Administración estudie si es correcto o no. No puede estar todo tan tasado", explica Rams y apoya Llopis. "Porque, al final, es utilizar todos los recursos en sitios que no hacen falta".
Por otra parte, Rams lamentaba que, en su caso, que son plazas públicas, no llega el dinero ni en tiempo ni en forma y por ello se acudió, porque así lo indicó Igualdad, al IVF. El caso es que la fuerte subida de interés en los últimos meses hizo que la Generalitat planteara estas líneas de financiación con intereses más bajos al mercado para facilitar el acceso al crédito. Ahora, como avanza Valencia Plaza, el componente de bonificación de los préstamos realizados por Igualdad para la rebaja en el tipo de interés, se financiará con una partida enmarcada en el presupuesto de 2023 de un millón de euros. Los entrevistados quieren leer la letra pequeña para saber quien asumirá los costes y de qué manera.
