Desde que Volkswagen amenazara con replantearse el proyecto de la multinacional que incluía la fábrica de baterías en Sagunt, y accediera a seguir después de ver incrementado el aporte publico a su estrategia de electrificación, asistimos a periodos de silencio mientras se siguen sorteando obstáculos que se intentan superar tanto en el tejado de las administraciones nacional y autonómica como el del propio Ayuntamiento de Sagunt. Es complejo y tortuoso el camino a pesar de las facilidades burocráticas que se les ha ofrecido y se siguen ofreciendo. En cuestiones de este tipo, se debe valorar positivamente la llegada de un proyecto de estas características pero también arrinconar un posible estado de autocomplacencia y buscar si todo, es tan bonito como se pinta. Porque surgen dudas como las que se plantea Ricardo Romero, consultor estratégico de Impacto, sobre ciertas cuestiones que emanan de la instalación.

De entrada, Romero, echa de menos, que en el documento de consulta publica de la iniciativa industrial no hay, no existe ningún Análisis y Estudios previos y los posteriores Informes de Impacto que debería haber elaborado la Dirección General de Industria, Energía y Minas, así como de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. No hay nada  incluido en el documento trasladado al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). "Es que es el documento es un copia y pega del proyecto presentado por la compañía solicitante, no hay aportación alguna de la dirección o de la Conselleria, lo que resulta sorprendente teniendo en cuenta que se llama conselleria de Economía sostenible. Repito no existe un informe, repito que hay doce páginas de copia y pega en las que nos dice las bondades del vehículo eléctrico, no hay nada sobre emisiones de CO2, no hay ningún tipo de documento, ni métricas de la solicitante ni de la conselleria, solo falta que dijeran lo bueno de los vehículos eléctricos y la paz mundial", asegura Romero.

El experto en consultoría de empresas lamenta esa falta de análisis ante el riesgo que supone. "En el propio documento consta la dificultad que observa la empresa solicitante, dice en la página 5 que, en el caso de la fabricación de baterías por el peso del producto y la peligrosidad química de sus componentes... esto nos indica los riesgos, siempre existe el riesgo, pero aquí se trata de minimizarlo pero no hay informes de ningún tipo". El problema es qué hacer con las baterías cuando acaben su vida y se proceda el reciclaje y a cargo de quien. "En cualquiera de los casos, los valencianos estamos afectados, podemos acabar con una batería debajo de la cama", sostiene Romero, que lamenta la incertidumbre que genera esta situación. 

Desde que se conociera la noticia, no ha habido ningún grupo político que haya puesto un 'pero' al proyecto porque desde el punto de vista del impacto económico, por lo que nos han contado parece irrechazable. Empleo, proveedores, innovación, formación.  "Desde la euforia inicial he pasado a tener cierta cautela porque claro, doce páginas de copia y pega no es suficiente para justificar el impacto de la gigafactoría", argumenta el experto. 

La compañía expone y cifra en unos 650 millones de euros el impacto directo en el Valor Añadido Industrial (VAB) de la Comunitat Valenciana una vez la factoría alcance el 100% de su producción. Ello generará un incremento del 50% del actual VAB del sector valenciano de la automoción, que actualmente representa el 11% del PIB industrial de la región.  y más de 40.000 empleos. En la primera fase de puesta en marcha se estima una media anual de 8.900 puestos de trabajo directos y 10.200 indirectos durante el periodo 2023-2026. "No pongo en duda las previsiones de la compañía, pero en base a qué hacen esas previsiones, y no pasaría nada si solo fuera dinero privado, pero es que en este caso, tú, los oyentes y yo, vamos a ser socios mayoritarios, casi 1.000 millones de dinero público, del Gobierno, de la Generalitat, más allá de las ventajas fiscales, por eso hay que tener cautela", recuerda Romero, quien expone que las preguntas "hay que hacérselas ahora y no cuando sea tarde", y más cuando la compañía solicitante genera dudas "porque su fiabilidad quedó mermada cuando ocultaron las emisiones de sus vehículos que no eran ciertas y que les ha supuesto millones en multas, otra razón para ser cautelosos".