El 20 de octubre de 1982, se produjo la inundación que afectó a la cuenca del Júcar debido a la rotura de la presa de Tous, la conocida como Pantanada de Tous. La presa se vino abajo, arrasando las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baja. Ocho muertos y más de 300 millones de euros en daños materiales. El Gobierno decidió, entonces, conceder préstamos a los afectados por las inundaciones a través de las antiguas Entidades Oficiales de Crédito. En 1993 el ICO asumió la titularidad de los préstamos y tras muchos años comenzó a reclamar judicialmente el pago de las deudas. Tanto que siguen demandas contra personas de avanzada edad, ciudadanos vulnerables que viven de sus pensiones, con  escasos ingresos económicos, aunque parece que se puede ver la luz al final de esta tétrica historia.

De hecho, el Decano del Colegio de abogados de Alzira se reunió en septiembre  con el Conseller de Hacienda y Modelo Económico Arcadi España,  y con  el Director General del Instituto Valenciano de Finanzas Manuel Illueca, con el fin de llegar a una solución real para aquellos damnificados más vulnerables que han sido demandados por el Instituto de Crédito Oficial. 

Agustín Ferrer, Decano del Colegio, explica en la entrevista concedida, este jueves, a Amanece Valencia, que las demandas siguen su curso. A pesar de los decretos que se han ido publicando al respecto. En 1993 y en 1995 se promulgaron sendos reales decretos leyes por los que los damnificados que se acogieron a ellos de forma voluntaria -cerca de 1.100- recibieron indemnizaciones para pagar los préstamos. También en 2008 el Consejo de Ministros acordó condonar totalmente los préstamos que no superaran los 1.500 euros, y para los casos en que superaron esa cifra se decidió condonar el importe referido a los intereses, si bien todavía hay personas que tienen pendiente de resolver la devolución de sus préstamos. "Estamos hablando de hace 40 años y ayer mismo estaba en un juicio de un préstamo del ICO y seguía reclamando el interés del 7%, que, en algunos casos, dobla la cuantía del préstamo".

La porfía en los tribunales ha tenido diversos pronunciamientos. Los juzgados de Alzira han asumido mayoritariamente las posiciones de los damnificados. En el caso de las salas número 2 y 4, en base a la doctrina del retraso desleal, mientras que los juzgados 5 y 6 con los argumentos de prescripción de la deuda según un cómputo diferente de los plazos al planteado en otros litigios. "En la Audiencia ha tenido diversas sentencias, unas mayoritariamente a favor del ICO y, ahora, otra que no", explica Ferrer. 

El Decano lamenta esta situación que, en algunos casos, van contra los herederos porque han fallecido los titulares. "Hay gente que no tiene dinero y que se puede ver con embargos de la casa y los hijos tienen que poner el dinero".

Desde hace años se lleva reclamando al ministerio de Economía que resolviera esta situación. "Los decretos aprobados hacían pensar que se debería acabar pero luego ha habido una avalancha de demandas en el 20 y el 21".

Pero parece que si han encontrado el amparo, la ayuda, de la conselleria de Hacienda. El Consell pretende cancelar los créditos pendientes de las familias más vulnerables. "Es una cuestión de justicia que se resuelva. Afectan a personas vulnerables. Nos hemos puesto en contacto con el ICO; hemos hablado de soluciones, y la más probable es la vía de la solución nominativa, en concreto hay 42 expedientes y estudiaremos los que tengan una situación más vulnerable", expone Manuel Illueca, director del IVF, también en declaraciones a Amanece Valencia. 

En este sentido Illueca explica que el órgano tiene que hacer todo con la máxima legalidad, "y ahora tenemos que recabar desde el IVF toda la información. Al final, la Administración es una máquina muy pesada y ha actuado en base a créditos impagados, no se si es sensibilidad o cumplimiento de un funcionario que debe cumplir con la ley, pero las soluciones políticas requieren procedimientos específicos, a un funcionario, no, esto le da rigor a la Administración, ahora bien, esto es contrario al interés general y no se puede dejar a personas vulnerables en esta situación y en eso estamos"