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Salud mental y entorno laboral: un debate abierto

Uno de cada cuatro trabajadores sufre ansiedad en su entorno laboral y un tercio estrés constante. Prevenir riesgos psicosociales, reformar la ley y crear entornos laborales más saludables con enfoque de género son propuestas vitales para solucionar este problema.

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Un informe elaborado por la Universitat de València junto con la UGT analiza la creciente preocupación por la salud mental en el ámbito laboral. Las cifras son claras: uno de cada cuatro empleados asegura sufrir ansiedad en su puesto, un 33% declara vivir con estrés permanente y el acoso laboral afecta al 14% de los trabajadores en España.

Frente a este escenario, el estudio insiste en la necesidad de actuar desde la prevención de los problemas de salud mental, en lugar de esperar a intervenir una vez que ya se han producido daños.

En Plaza al día conversamos con Adrián Todolí, profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universitat de València, quien destaca que el propósito principal es impulsar medidas que reduzcan el impacto de los riesgos psicosociales y sensibilicen a las empresas sobre la magnitud del problema. Para ello, se plantea un cambio cultural de fondo que fomente entornos laborales más saludables, una transformación que, según los autores, está siendo demandada por las nuevas generaciones y que la pandemia de la COVID-19 ha puesto aún más de relieve.

El estudio también muestra que las mujeres sufren en mayor medida trastornos mentales vinculados al trabajo, lo que convierte la cuestión en un asunto no solo de salud pública, sino también de equidad de género y retención de talento en las organizaciones.

Una de las propuestas clave es la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que hoy no contempla de manera adecuada los riesgos psicosociales. Se sugiere introducir medidas concretas para proteger la salud mental de los trabajadores, como sistemas de alerta que permitan detectar problemas a tiempo y obliguen a las empresas a aplicar soluciones preventivas.

La implantación de estas recomendaciones pasaría por la obligación de realizar evaluaciones de riesgos psicosociales en todas las empresas y poner en marcha planes para reducirlos o eliminarlos. Esto implicaría no solo un compromiso real por parte de las compañías, sino también una reforma legislativa que garantice el cumplimiento efectivo de estas acciones.

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