Durante los últimos meses de gobierno del Botànic se puso en marcha el decreto para regular la tipología y funcionamiento de centros, servicios y programas del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. Llegó ante la necesidad de modernizar el marco que se había quedado obsoleto. No obstante, se generó un importante rechazo por parte de decenas de colectivos porque se observaban ciertas carencias y dudas sobre la memoria económica que debe sostener el plan. De hecho, no fueron pocas las voces y las veces que abordamos esos problemas con la patronal de las residencias, asociaciones afectadas, expertos, y con la propia conselleria. Tras el 28M se abre una nueva incógnita que abordamos con José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte).
De momento, el decreto está en vigor aunque como cuenta Toro, la representante del PP en estos asuntos, Elena Bastidas, ya anunció antes de las elecciones que si los populares llegaban a gobernar, derogarían el decreto. Algo que no se ve con malos ojos por parte de Aerte. "El decreto tiene cosas positivas, y tiene cosas que mejorar. Se plantea la necesidad de dar una vuelta a ciertas cosas. El problema es que es tan amplio que no se hasta qué punto es factible el empezar a tocar algunas cuestiones sin afectar a otras, con lo cual es más fácil empezar de cero que corregirlo", sostiene Toro que en La Entrevista hace balance de la gestión del Botànic. Un balance negativo en ciertos asuntos, como el del decreto pero también con aspectos positivos. "Creo que hay cosas que se han hecho que son positivas. Una que es mérito de Mónica Oltra, que puso los servicios sociales en el centro de la acción de gobierno y lo acompañó con una dotación presupuestaria muy elevada. Se pasó de un presupuesto de 833 millones en 2015, a 2.400 millones en el último", comenta el presidente de Aerte que entiende que no se retrocederá con la llegada del PP al Consell. "Es un sector en el que hay que invertir por muchas razones. La primera es porque mejoramos la vida de las personas. En ese aspecto no podemos ir para atrás. Hay que seguir avanzando. Ver las cosas que se han hecho bien y potenciarlas, y las cosas que el Gobierno entienda que no se ha hecho bien, corregirlas. El problema no es dónde queremos ir. Creo que todo el mundo quiere ir hacia el mismo sitio: a recibir un servicio de calidad, a tener plazas suficientes, a que se lo pueda permitir y si no se lo puede permitir, que reciba el servicios de la misma manera, el problema es el cómo".
A la hora de hacer balance Toro recuerda la época de la pandemia donde el foco estaba en las residencias. El foco y ciertas acusaciones que se hacían desde Compromís y Podem, miembros del Gobierno incluidos, sobre el hecho de que la gestión privada de las residencias era inadecuada, que solo estaban por dinero y poco menos, que acusándoles de que en las residencias moría gente por las condiciones en las que se encontraban. "Cómo voy a olvidarme de aquello", lamenta Toro, que, entiende que esa mirada se hizo extensiva a toda la sociedad. Pero los datos son claros. "El incremento de fallecidos desde marzo de 2020 hasta el ultimo informe, dice, que el incremento de fallecidos en personas que reciben una prestación de atención residencial fue del 39%. ¿Sabe usted cuánta ha habido en personas que reciben una prestación de atención domiciliaria? es el 79%. Sin embargo, usted pregunta en la calle donde hubo mas problemas o quien lo hizo mal, y se habla de las residencias", lamenta el portavoz de la patronal que afea a Puig no haber invitado en su despedida como president a nadie del sector. "Ayer veíamos al presidente Puig despedirse con un homenaje al personal sanitario. Eché de menos que hubiera habido alguien de de los servicios sociales. Porque si fue el foco de la pandemia, el trabajo que hicieron los profesionales fue brutal. He visto a gente llorar, sufrir, pero tener claro que su trabajo era proteger a las personas que tenían. Y eso no se ha terminado de reconocer nunca".
