Tras las recientes elecciones autonómicas y locales los nuevos representantes políticos elegidos están encarando la constitución de los 12 parlamentos autonómicos y los 8.100 ayuntamientos de las comunidades y municipios que recientemente han celebrado comicios. La gran mayoría de los nuevos representantes se encontrarán con elevadas cantidades de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de Fondos Estructurales que tienen que ejecutar y poner en marcha. La cuestión es si estos fondos y proyectos se pueden modificar por los nuevos equipos de gobierno.
El director de Fondos Europeos de Finnova, Juan Viesca, ha explicado que el presupuesto a largo plazo de la UE y NextGenerationEU, conforman el Plan de Recuperación de la UE, un instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación, que constituye el mayor paquete de estímulo jamás financiado en Europa. Un total de 2,018 billones de euros a precios corrientes que pretenden ayudar a reconstruir una Europa posterior a la COVID-19 más ecológica, más digital y más resiliente.
El elemento central de NextGenerationEU es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), un instrumento destinado a conceder subvenciones y préstamos para apoyar reformas e inversiones en los Estados miembros de la UE por un valor total de 723.800 millones de euros. A fin de recibir fondos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Estados miembros deben elaborar planes de recuperación y resiliencia, en los que describan cómo van a invertir los fondos. Además, deben alcanzar los hitos y objetivos pertinentes y, antes de que se pueda realizar cualquier desembolso en el marco del MRR, la Comisión evalúa el cumplimiento satisfactorio de cada hito y objetivo.
Recientemente, el gobierno de España ha enviado a Bruselas una adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y poder movilizar así los 90.000 millones de euros que le quedan a España todavía por recibir de los Next Generation. El gobierno ha estado trabajando en este documento desde hace meses con las comunidades autónomas, los agentes sociales y grupos parlamentarios, y tenía hasta el 31 de agosto para haber realizado este trámite.
La adenda al Plan de Recuperación es una actualización del documento aprobado en julio de 2021. A finales del año pasado, la ministra Calviño ya expuso un primer borrador de esta adenda, en la que el Ejecutivo ha seguido trabajando para aprobar su versión definitiva y formal en Consejo de Ministros el 6 de junio y remitirla a Bruselas antes de que se celebren las elecciones generales el próximo 23 de julio. El Ejecutivo español cumple así con el plazo que establece el reglamento europeo para remitir esta adenda, que finaliza el 31 de agosto de este año.
Esta actualización incorpora tres importantes novedades En primer lugar, se asignar las transferencias adicionales que corresponden a España. Esto supone unas subvenciones adicionales de 7.700 millones. En segundo lugar, también se distribuyen los préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. España podrá solicitar hasta un máximo de 84.000 millones de euros a la Comisión Europea. Y, por último, se fija el destino de los fondos del Plan REPowerEU, cuyo objetivo es ahorrar energía, incrementar la producción de energía limpia y diversificar las fuentes de energía de Europa. En la distribución provisional del fondo, se ha asignado a España, de manera provisional, 2.586 millones de euros adicionales.
Respecto a los créditos, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) va a tener un papel protagonista en la canalización de estos créditos y gestionará un elevado volumen de préstamos a través de dos líneas de 22.500 millones de euros para inversiones verdes y crecimiento empresarial. La Comisión Europea evaluará la propuesta de adenda, que posteriormente debe ser ratificada por el Consejo Europeo. La evaluación de la adenda se realizará de acuerdo a los mismos criterios que el Plan original y deberá cumplir con los mismos criterios: respetar el principio de no causar daño significativo al medio ambiente (DNSH) o el porcentaje de financiación dedicados a la transición verde (37%) y a la transformación digital (20%).
26.000 millones de fondos estructurales 2014-2020 sin ejecutar
Respecto al periodo 2021-2027 se ha aprobado el Acuerdo de Asociación de España 2021-2027 para la recepción de 36.682 millones de euros de fondos europeos. La Comisión Europea ha aprobado este documento de carácter estratégico que recoge las grandes líneas de actuación y prioridades de inversión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y del Fondo de Transición Justa (FTJ).
De esta forma, España alcanza una asignación financiera de ayuda UE, sumando el conjunto de los instrumentos, de 36.682 millones de euros. Un acuerdo que es complementario con los objetivos e hitos recogidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que impulsa la transformación del modelo productivo del país.
De estos 36.682 millones de euros, 35.562 millones corresponden a los fondos de la política de cohesión de la UE, donde España es el tercer mayor beneficiario en el periodo 2021-2027, solo por detrás de Polonia e Italia. De ellos, la Comunitat Valenciana recibirá 2.473 millones hasta 2027.
Sin embargo, España se ha quedado atrás en la gestión de las ayudas regionales europeas ordinarias. España se encuentra a la cola entre los países de la UE en la ejecución de los fondos estructurales y de inversión del periodo 2014-2020. Según los últimos datos de la Comisión, España sólo ha gastado el 54% de los fondos estructurales y de inversión de 2014-2020. Es decir, transcurridos los siete años del periodo presupuestario y 31 meses extra, se han ejecutado un poco más de la mitad de los subsidios adjudicados: 31.016 millones de euros de un total de 65.670 millones. Quedan todavía 26.301 millones sin gastar de un presupuesto plurianual cuya vigencia concluyó hace más de dos años.
