La organización 'Escuela de Todos' ha presentado un exhaustivo estudio comparativo sobre las pruebas de acceso a la universidad (EBAU) en las 17 comunidades autónomas españolas. Este análisis, basado en los exámenes de junio de 2023, pone de relieve importantes disparidades en la dificultad y criterios de evaluación entre las distintas regiones del país
A pocas semanas de las pruebas de acceso a la Universidad, hoy nos hemos querido detener en una de las cuestiones que suele generar más controversia, nos referimos a las diferencias entre territorios.
Miles de alumnos luchan cada año por obtener la mejor nota y acceder a cualquier universidad del país. Pero las reglas de juego son diferentes en cada CCAA.
Las Pruebas de Acceso a la Universidad, popularmente conocidas como Selectividad, suelen generar muchas preguntas a alumnos y profesores. ¿Qué calificación es necesaria para superar estos exámenes? ¿Cuánto tiempo dura la nota? ¿En qué fases se dividen las pruebas?
Por otra parte, una de las cuestiones que suele generar más dudas son las diferencias entre territorios. La disparidad de las pruebas de acceso a la Universidad en España conlleva que, en función de la comunidad en la que se presenta, un alumno apruebe o suspenda por unos criterios de corrección que no son unánimes o por la estructura de la prueba o por el contenido de los exámenes, que tampoco son iguales.
La organización 'Escuela de Todos' ha presentado un exhaustivo estudio comparativo sobre las pruebas de acceso a la universidad (EBAU) en las 17 comunidades autónomas españolas, centrándose en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas II, e Historia de España. Este análisis, basado en los exámenes de junio de 2023, pone de relieve importantes disparidades en la dificultad y criterios de evaluación entre las distintas regiones del país, lo que suscita preocupaciones sobre la equidad del sistema educativo.
Hablamos con Ana Losada, presidenta de ‘Escuela de Todos’ detalla los principales hallazgos del estudio. “Hemos identificado cinco grandes puntos de diferencias”, indicó Losada. “Uno de ellos son los bloques de contenido que no tienen uniformidad y hay comunidades autónomas que no cubren todo el contenido establecido. Otro factor es la estructura de la prueba, donde no se pide la misma extensión en las respuestas ni el mismo tipo de preguntas, lo que impacta en el peso de cada pregunta en la calificación final”.
Una de las cuestiones más preocupantes señaladas por Losada son los criterios de corrección, que varían significativamente entre comunidades autónomas. “Los criterios de corrección son totalmente diferentes en cada comunidad, no solo en Lengua, sino también en Matemáticas e Historia de España”. Esto lleva a que un error de cálculo en una comunidad pueda penalizar más que en otra, generando una disparidad que afecta directamente a las notas de los estudiantes.
Otro aspecto crítico es la opcionalidad en los exámenes, es decir, el número de preguntas que los alumnos pueden elegir responder. “En algunas comunidades, la opcionalidad es tan alta que permite a los alumnos prácticamente diseñar su examen a medida, facilitando notablemente la obtención de notas altas”, explica Losada. Además, la posibilidad de alcanzar la puntuación máxima también varía, siendo más fácil en algunas regiones que en otras.
Estas diferencias no solo afectan a la percepción de justicia en el sistema, sino también a la movilidad de los estudiantes entre comunidades autónomas. “Las diferencias son tan grandes que un alumno puede aprobar o suspender una asignatura dependiendo de dónde realice el examen, aunque tenga los mismos conocimientos”. Esto vulnera la igualdad de derechos de los estudiantes que compiten por plazas universitarias en un sistema que se supone debe ser equitativo.
En cuanto a la posible solución de estos problemas, Losada sugiere que no es necesario que todas las comunidades autónomas tengan el mismo examen, pero sí que se deben homogeneizar ciertos criterios. “No puede ser que haya comunidades que no respeten los bloques de contenido establecidos por el Gobierno o que tengan criterios de corrección y opcionalidad tan dispares”, argumentó. Asimismo, resaltó la necesidad de limitar la opcionalidad en las pruebas para asegurar que todos los estudiantes sean evaluados de manera justa y equitativa.
El estudio también compara la situación española con la de otros países con sistemas educativos descentralizados. Aunque no se realizaron estudios comparativos exhaustivos con otros países, Losada menciona que la descentralización en España es excepcionalmente alta en comparación con otros estados de la Unión Europea, como Alemania. Sin embargo, incluso en estos países, hay un mayor grado de uniformidad en las pruebas de acceso a la universidad.
El informe subraya la urgencia de abordar estas disparidades antes de las pruebas de 2025. Losada hace un llamado al Gobierno de España para que requiera a las comunidades autónomas información detallada sobre los contenidos que se evaluarán, asegurando así el cumplimiento de los mínimos establecidos por el decreto regulador. “Es fundamental garantizar que las pruebas sean justas y reflejen realmente el nivel de conocimientos de los alumnos”.
El estudio de Escuela de Todos expone una realidad alarmante sobre la selectividad en España, evidenciando que las desigualdades existentes pueden influir negativamente en las oportunidades educativas de los estudiantes. La organización insta a una revisión y armonización de los criterios de evaluación para garantizar una educación equitativa y de calidad en todo el país. La respuesta del Gobierno y las comunidades autónomas a estos hallazgos será crucial para el futuro del sistema educativo español y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.
