VALÈNCIA. Las terrazas podrán ampliarse para facilitar la recuperación de la hostelería, sí. Pero que nadie piense que esto va a ser un desmadre, parecen decir desde el Ayuntamiento de València, que este viernes aprueba en la Junta de Gobierno Local un Plan de Inspección de Terrazas especial para esta situación a propuesta de la concejalía de Espacio Público, de Lucía Beamud. Un programa que estará vigente no sólo en la ciudad como tal, sino también en sus pedanías, priorizando, eso sí, las zonas con mayor afluencia y "conflictividad vecinal", según reza el documento.
Así, las zonas de especial atención son las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) -Xúquer, Woody, Juan Llorens, el Carmen-, y otras zonas de gran afluencia como lo es Russafa, la plaza del Cedro, la plaza de Honduras o el Paseo Marítimo del Cabanyal-Canyamelar. El propósito es el control del espacio que ocupan las terrazas en estas etapas de desescalada de forma coordinada con la Policía Local y se hará hasta que se supere la fase 3 y se alcance, por tanto la llamada "nueva normalidad", cuando todo deberá volver a su sitio.
El Ayuntamiento de València y en concreto la mencionada delegación acordó con la Federación de Hostelería y la Federación de Asociaciones de Vecinos la posibilidad de otorgar nuevas licencias temporales de terraza a bares que no la tenían hasta el momento así como dar permisos para la ampliación de terrazas existentes, contemplando incluso bajar las mesas y sillas a la calzada ocupando plazas de aparcamiento, todo ello, estudiándose caso a caso.
Ahora, este Plan de Inspección viene a hacer que todas las restricciones fijadas dentro de esta excepción se cumplan a rajatabla. Llega también después de que asociaciones vecinales denunciaran la pasada semana algunos excesos en el uso del espacio público de terrazas concretas mediante redes sociales. Para evitar situaciones así, el Plan contempla emplear inspectores municipales para que pasen, terraza por terraza, y cumplimenten un formulario constatando de que se cumplen con las medidas fijadas por el consistorio. Todo ello, independientemente de que la Policía pueda denunciar por su parte.
