VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública tiene intención de modificar en un futuro inmediato las bases del Programa 700, el plan de becas del Consell destinado a aquellos que estén preparándose una oposición, para que puedan acceder a ellas un mayor número de personas. En concreto, el departamento gestionado por los socialistas busca suavizar los requisitos para optar a estas ayudas, dado que en las últimas ediciones la dificultad para cumplir con todos ellos ha provocado que la partida presupuestada se quedase prácticamente sin ejecutar o que la demanda haya sido menor que la oferta. 

Los cambios en los que trabaja la Conselleria de Administración Pública que dirige Gabriela Bravo y que trasladó la semana pasada a los sindicatos afectarían a dos cuestiones muy concretas: la primera, el aumento del margen de edad de aquellos que la soliciten, y la segunda, el incremento del nivel de renta de la unidad familiar vinculado a la nota de corte. 

Así, aunque la idea todavía deberá materializarse sobre el papel vía decreto, la intención que maneja el departamento es que en las próximas ediciones puedan acceder a estas ayudas los menores de 35 años. Con el diseño del plan, actualmente tan solo pueden ser beneficiarios los menores de 30, por lo que Función Pública ampliaría así el número de opositores que podrán solicitar la beca. 

El Programa 700 también contempla que ninguna persona que aspire a obtener esta subvención podrá tener un nivel de renta por unidad familiar superior a tres veces el indicador público, que ahora mismo ronda los 20.800 euros al año. Un máximo que el departamento de Bravo tiene intención de incrementar, si bien todavía se desconoce en qué medida. La idea es vincular esta reforma de alguna manera a la nota de corte. 

La idea original de estas becas se remonta a 2018. El Ejecutivo valenciano planteó en el seminario de Castalla-Biar (en julio de aquel año) poner en marcha lo que entonces fue bautizado como Programa 500. El fin principal era dar ayudas de 500 euros mensuales a medio millar de jóvenes que estuvieran preparando oposiciones para el ingreso en los cuerpos y escalas del grupo A de la Administración de la Generalitat, de manera que se les ayudase a sufragar los gastos que conlleva estar estudiando unas pruebas de acceso a la Administración. 

Rebaja tras rebaja

El proyecto se puso en marcha en 2019, año electoral, pero no terminó de triunfar. En su primera convocatoria, el número total de becados estuvo muy lejos del objetivo: solo 92 personas lograron resultar beneficiarias de este plan, menos del 20% de las 500 ayudas que preveía conceder el Gobierno valenciano. La cifra aún se vio más mermada dos meses después: 36 personas de ese casi centenar perdieron la beca porque no pudieron presentar la documentación requerida en las bases para poder cobrar: las facturas de sus preparadores. 

Tal y como publicó el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), esa treintena de aspirantes no pudieron aportar la declaración responsable que especificaba que estaban preparándose para estas oposiciones dirigidas al acceso a las escalas más altas del empleo público y que la convocatoria exigía como indispensable para percibir la beca. El documento debía ser firmado por el opositor y por aquellas personas que les estuvieran preparando para la convocatoria pública de empleo. Semanas después, la cantidad de beneficiarios total aún se redujo más, en siete personas, por lo que el total de beneficiarios se quedó por debajo de 50. De que de las 500 becas previstas, un total de 451 se quedaron en la caja de la Generalitat porque no se llegaron a conceder.