VALÈNCIA. La querella que pretende presentar la asociación SOS Desaparecidos por la gestión de la Dana suma cada vez más familias de personas fallecidas en la tragedia. La plataforma ya ha registrado cerca de 180 familiares, que se adherirán al escrito que espera presentar la asociación ante la Audiencia Nacional contra las administraciones.

"Al principio teníamos 30 familiares y ahora ya hay 180 que se van a adherir", explica a preguntas de Plaza el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills: "Y se siguen sumando". Esto ha hecho que los plazos con los que trabaja la plataforma se hayan demorado un poco respecto a los que habían planteado en un principio.

En ese sentido, la idea era presentar la querella la primera semana de febrero, pero Amills reconoce que la asociación va a "alargar un poco el plazo para presentar la querella". El motivo no es otro que la acumulación de material y documentación pericial que pretenden adjuntar a la querella. "Pensamos que la información que tenemos de los peritos va a ser fundamental, y es más voluminosa y profunda de lo que imaginábamos", asegura: "Por eso no podemos apresurarnos y no queremos cometer ningún fallo, porque entendemos la enorme responsabilidad que conlleva este tema".

La estrategia judicial de la asociación es presentar la querella por homicidio imprudente contra los diferentes niveles de administraciones implicadas: las locales (ayuntamientos y diputaciones), las autonómicas (tanto la Generalitat Valenciana como la Junta de Castilla-la mancha) y la central. "A pesar de que en los primeros instantes se quería desligar la Dana de Letur de la de Valencia, está demostrado que es el mismo fenómeno y por eso va a ir junto", motivo por el cual la querella se presentará en la Audiencia Nacional, explica Amills.

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• Foto: Kike Taberner

Su objetivo será no sólo buscar responsabilidades penales sino también exigir indemnizaciones por los daños sufridos por los afectados de la catástrofe. Así, el presidente de la asociación reconoce que es un trabajo "exhaustivo" detectar "todo lo que no se cumplió". A su juicio, "está claro" pero ante los tribunales "hay que demostarlo".

"Si hubieran hecho aquello a lo que estaban obligados, no hubiera habido 224 muertos en Valencia y 6 en Letur", asevera. Aquí no sólo incluye a las administraciones autonómicas y del gobierno central, cuyos protocolos, señala, no se cumplieron, sino que también señala a las administraciones municipales, cuyos planes de inundaciones también se habrían vulnerado. Al respecto, Amills señala que la asociación va a acudir a la Audiencia Nacional con lo que sabe y puede probar, "pero más tarde la justicia lo podrá ampliar".

Niega intereses económicos y partidistas

Sobre la polémica levantada acerca de los posibles intereses económicos o partidistas de la asociación en la presentación de la querella en un caso tan mediático, Amills quiso salir al paso para negar estas acusaciones, lanzadas por "personas de extrema derecha". "Las familias saben que no vamos a cobrar ningún dinero"; asegura el presidente de SOS Desaparecidos, quien insiste en aclarar que la plataforma ha rechazado ingresos por parte "gente que quería pagar".

Por otro lado, también asegura que es "absurdo" pensar en que la asociación tenga un "interés partidista" porque va "contra todas las administraciones implicadas". "No hay ningún interés político", asevera contundente Amills, quien insiste en que la asociación es "totalmente transparente". "Nadie puede decir que hemos tenido patrocinador o que hemos cobrado dinero de alguien", subraya para zanjar las dudas al respecto.

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• Foto: MATIAS CHIOFALO/EP

Otras querellas

La de SOS Desaparecidos es una de las querellas que se han presentado y se presentarán con motivo de las consecuencias de la tragedia. La pasada semana, sin ir más lejos, una asociación anunció la presentación de otra querella, suscrita por más de un centenar de afectados -sin ser familiares de fallecidos necesariamente-, contra cinco miembros del Consell de la Generalitat Valenciana vinculados al área de Emergencias y también contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

En ese caso, se les acusa de delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, de daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro, cuyas víctimas habrían sido las más de cien familias querellantes "debido a la inacción de sus funciones en la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos", según explicó la asociación.

Mientras, el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha centralizado las diligencias seguidas en diferentes órganos judiciales de la provincia, donde se han presentado varias querellas y denuncias, y la Fiscalía Provincial de Valencia ha acordado la creación de un equipo, integrado por cinco fiscales y que incluye especialistas en medio ambiente, anticorrupción y penal, para proporcionar una respuesta coordinada en esta causa.