VALÈNCIA. Una veintena de municipios en la Comunitat Valenciana siguen torpedeando la implantación de proyectos fotovoltaicos en tierras valencianas. El problema no es nuevo, ya que, desde hace años, varios consistorios han suspendido la concesión de licencias de obras de plantas y parques solares ante el 'boom' de proyectos. Una situación que dejó en el limbo varias iniciativas que habían conseguido superar el resto de la tramitación, lo que llevó al gobierno de Carlos Mazón a prohibir este bloqueo a través de la Ley de Simplificación Administrativa. No obstante, y pese a que la norma entró en vigor en julio del pasado 2024, muchos ayuntamientos continúan negándose a cumplir o dilatan los plazos de concesión del permiso, provocando inseguridad jurídica.
Un bloqueo que ha llevado al sector valenciano de las renovables a alzar la voz ante “esta injusticia”. Además, recuerda que se trata de desarrollos que han conseguido el visto bueno de la administración y han superado todos los trámites administrativos, por lo que remarcan que "no está justificada esta paralización".
De hecho, algunos casos se han judicializado porque el retraso en la concesión del permiso constructivo, el último hito para la puesta en marcha de un proyecto, puede provocar la pérdida de conexión a la red, poniendo en jaque los avales millonarios que han depositado los promotores para poder llevar a cabo la actuación. Así lo aseguraron varios agentes del sector durante la celebración de la cuarta edición del congreso 'Energy Revolution', donde señalaron que esta parálisis deja en el limbo la generación de empleo y riqueza en zonas despobladas, pero, sobre todo, genera "inseguridad jurídica" para las empresas.
"Es injusto que expedientes que se iniciaron en 2019 y han superado todos trámites, ahora, cinco años después, se les cambie las reglas del juego y el ayuntamiento modifique los criterios para impedir la ejecución de los proyectos. Otra cosa son los que entran nuevos, pero los que ya están en tramitación no se les puede exigir nuevas condiciones", remarcaron los expertos.
Y ello pese a que la Ley 6/2024 de simplificación administrativa recoge en su articulado la prohibición de la suspensión de licencias. "Los ayuntamientos no podrán adoptar la suspensión general de tramitación de licencias prevista en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP) para la implantación de instalaciones fotovoltaicas en ningún caso", reza el texto. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que algunos municipios han hecho caso omiso a la nueva legislación y mantienen las restricciones. Otros, en cambio, han reinterpretado la norma y, aunque han hecho decaer este rechazo, están retrasando los plazos de concesión de los permisos. "Nos hemos encontrado varios casos en los que la contestación municipal es que 'está en trámite' y no sabes si alguien la está parando o si es por falta de recursos. Al final, se está generando una nebulosa que genera problemas a los promotores que no saben a qué atenerse", explican desde el sector empresarial.
- Rafa Molina
Por lo general, y según la normativa, el plazo máximo para la concesión de licencias para iniciar la construcción de un parque es de dos meses, pero de media de están alcanzando hasta los ocho. La gravedad radica en que estos proyectos deben cumplir con unos hitos y si se demoran los plazos, el perjuicio económico puede hacer peligrar la viabilidad de las empresas. "Los ayuntamientos están obligados a dar las licencias si el proyecto cuenta con el visto bueno administrativo y tienen favorable la compatibilidad urbanística", remarcan.
Esta obstaculización, detallan fuentes del sector, no obedece a un color político, sino que se extiende a localidades gobernadas por distintos partidos. Un caso que ha trascendido es el del municipio castellonense de Villar del Arzobispo, cuyos representantes municipales achacaron a "la necesidad de regular su impacto en el entorno" la decisión de suspender las licencias previamente otorgadas a empresas promotoras de proyectos fotovoltaicos. Por ello, las renovables piden que no se impida el desarrollo de proyectos que "vienen a contribuir en la lucha contra el cambio climático y a la autonomía energética" y que, además, cumplen con la normativa vigente y han seguido un proceso regulado.
Mejora en la tramitación
En cualquier caso, a nivel general, las empresas destacan que la tramitación autonómica ha mejorado en los últimos meses. El sector empieza a ver cierta luz con la salida de expedientes y materialización de las iniciativas, aunque consideran que la evolución sigue siendo "insuficiente". No obstante, ven un cambio en el proceso burocrático, que durante años ha llevado a la autonomía valenciana a posicionarse a la cola en España en cuanto a potencia instalada, pese a contar con las condiciones óptimas para ser una de las zonas punteras a nivel nacional.
Así, según datos de Avaesen ofrecidos en el congreso, en el año 2024 se autorizaron 725 MW fotovoltaicos en 47 plantas y 104 MW eólicos en cuatro proyectos por parte de la Generalitat Valenciana, mientras que fueron alrededor de 1.100 MW en 11 parques fotovoltaicos por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Un volumen mayor que en otros ejercicios aunque, no obstante, a la red se conectaron 27 MW, en la línea de los últimos años que han sido 30 MW anuales.
En cualquier caso, sigue habiendo 330 expedientes pendientes de resolver por parte de la Generalitat Valenciana, según reconocen desde la Generalitat que achacan este tapón a que cuando llegaron a la Generalitat se encontraron 435 proyectos "flotantes" a los que hay que añadir los que van entrando. Por tanto, destacan que se ha rebajado en un 25% el volumen de iniciativas a revisar.
