VALÈNCIA (EFE). La Comunitat Valenciana fue la autonomía en la que más trabajadores se vieron inmersos en expedientes de regulación de empleo (ERE) en los siete primeros meses de este año, con un total de 14.870, lo que supone un aumento del 354'5 % respecto al mismo periodo de 2018.

De esos 14.870 trabajadores afectados, 13.615 fueron por suspensiones de contrato (un aumento del 671'4 % sobre el mismo periodo de 2018), 1.082 por despidos colectivos (un 8'7 % menos) y 173 por reducción de jornada (un 46'3 % menos), según datos de la Estadística de Regulación de Empleo del Ministerio de Trabajo consultados por EFE.

Por provincias, en la de Valencia han sido 13.018 los trabajadores afectados por regulaciones de empleo entre enero y julio de este año, en la de Castellón 1.021, y en la de Alicante 831.

Del total de 14.870 trabajadores afectados, unos 5.000 corresponden a la factoría de Ford Almussafes, según han precisado fuentes sindicales.

En España, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo ascendió a 44.745 en los siete primeros meses del año, un 40 % más que en el mismo periodo de 2018 y el mayor ritmo de crecimiento desde 2012, con un importante alza de las suspensiones de contrato en el sector industrial.

El alza hasta julio de este año es el mayor para este periodo desde 2012, cuando la subida fue del 64 %, y la primera desde ese año.

Al detalle de los distintos procedimientos que engloba esta estadística (despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada) la mayoría de los trabajadores afectados, el 64,6 %, entró en las suspensiones de contrato que también registraron el mayor alza: un 74 % hasta los 28.920 empleados.

Frente a esto, 14.500 empleados se vieron afectados por despidos colectivos, un 12,8 % más, y a otros 1.325 les aplicaron reducciones de jornada, un 46,7 % menos.

En cuanto al número de empresas que optaron por estas medidas, cayeron ligeramente hasta julio, 1.304 frente a 1.312, y también el número total de procedimientos, que pasaron de 1.965 a 1.678, un 15 % menos.

Por sectores, el industrial encabezó la lista con 28.229 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, el 85,3 % más, de los que su mayor parte -22.088, el doble que un año antes- fueron suspensiones de contrato y se dieron fundamentalmente en empresas de fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.

Las suspensiones de contrato son mecanismos que se emplean mucho en las grandes empresas automovilísticas, explican desde CCOO, que recuerda la coyuntura que atraviesa el sector con reducción en ventas y exportaciones en un contexto de desaceleración comercial y cambio en los modos de transporte.

Por comunidades autónomas, las que más trabajadores vieron inmersos en expedientes de regulación de empleo fueron la Comunitat Valenciana (14.870), Madrid (6.283) y Cataluña (5.945).

En cifras anuales, 2018 ya se cerró con un alza de los afectados por ERE, del 26,78 %, en la que fue la primera subida anual desde 2012. Por tipo de procedimientos, detrás de este incremento también estuvieron las suspensiones de contrato con un 75 % más de afectados que en 2017 frente al descenso del 4 % en los despidos colectivos. De 2013 a 2017, esta estadística registró caídas en todos los supuestos.

También llevan al alza desde 2017 las demandas por despido que mide el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de varios años de descensos.

Los últimos datos publicados esta semana por este organismo volvieron a ser al alza con 28.121 demandas por despido presentadas en los juzgados de lo Social en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento del 9,06 % respecto al mismo periodo de 2018.

Pero pese a estas alzas, la cifras de empleados afectados por algún tipo de regulación de empleo están muy lejos de los máximos alcanzados en los años más duros de la crisis.

En 2009, 549.282 trabajadores se vieron afectados, para mantenerse en el entorno de los 300.000 en 2010 y 2011. En 2012 volvió a repuntar hasta los 483.313 empleados.

Mirando las cifras hasta julio, en estos años más complicados de las crisis el número de trabajadores afectados llegó a alcanzar los 390.816, lo que supone multiplicar por ocho las cifras de este año.