VALÈNCIA. El juzgado de instrucción número 3 de València ha abierto juicio oral al cofundador y CEO de la compañía Jeff, Eloi Gómez; al ex director de expansión nacional, José Izquierdo y al director de expansión internacional, Miguel Jarabú, por un presunto delito continuado de estafa, de administración desleal, de falsedad documental, de publicidad engañosa y de insolvencia punible. También contra las mercantiles Mr Jeff España SL y Mr Jeff Labs SL. Así lo recoge un auto del mencionado juzgado, con fecha del 28 de enero, donde se exigen responsabilidades civiles pecuniarias con una fianza de 1,3 millones de euros que, en el caso de no presentarse, derivará en el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades o la declaración de insolvencia.
Este auto llega tras la petición el pasado año de la Audiencia Provincial de Valencia de reabrir la vía penal para estudiar los impagos a los trabajadores de la compañía, que entró en liquidación el pasado mes de abril tras declararse en concurso voluntario de acreedores. Lo hacía tras más de diez meses sin abonar las nóminas a los trabajadores y una ronda de financiación fallida de 83 millones con DXVentures, Clean Ventures, Stelac o Prism entre los supuestos fondos aportadores de capital. Un querella que, inicialmente, había inadmitido el juzgado de instrucción número 19 de València, tras considerar el juez que los hechos plasmados no revestían carácter delictivo al tratarse de una controversia de naturaleza laboral, como despidos y ceses de la relación laboral.
Los trabajadores y extrabajadores de la compañía liderada por Gómez acudieron a los tribunales por la vía de lo penal ante los diez meses de impagos acumulados, que se fueron demorando junto a las promesas de la dirección de afrontar sus deudas con una ronda de financiación. Ante la negativa inicial del juzgado, la resolución fue recurrida por los abogados de los trabajadores, al entender que se dieron engaños continuados por parte del consejo de administración de la empresa, que mantuvo a la plantilla durante meses de alta, trabajando, sin cobrar, con promesas que no se cumplieron y sin extinguir sus contratos.
Finalmente, la Audiencia Provincial notificó la admisión a trámite del recurso de apelación interpuesto frente a la inadmisión. En este sentido, entendían que era posible que, como consecuencia de las manifestaciones engañosas por parte del personal directivo de la empresa, los querellantes accedieran a continuar trabajando para esta. asumiendo no percibir su salario durante varios meses y renunciando a ejercer las acciones que les asistían en el orden social.
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"No es posible descartar la existencia de engaño"
Por ello, la Audiencia Provincial señalaba que no era posible descartar la existencia del engaño que integraría el delito del artículo 311 del Código Penal ni, por tanto, era posible descartar la relevancia penal de los hechos que relata la querella de los trabajadores y que debían de ser objeto de una investigación judicial.
Pocas semanas después de la interposición de la querella, el juzgado de lo mercantil número 2 de València declaraba a la compañía en concurso de acreedores. Durante su actividad, Jeff acumuló más de 48 millones de deudas a acreedores entre impagos a compañías, préstamos y trabajadores. En el informe del administrador concursal se apuntaba a deudas de financiación con empresarios como Álvaro Gómez Trénor o la organización Demium Startups, además de otras compañías como Cabify o Amazon Web Services,
Entre las cifras de la compañía, que empezó como un modelo franquiciado de lavanderías y se extendió a otros negocios como los gimnasios, las peluquerías o las cafeterías, se registraban 46,4 millones de deudas a acreedores generales, mientras 2,3 millones estaban acumuladas en deudas laborales, dada la suma de más de diez meses de impagos a trabajadores.
