SANTA POLA. El nuevo equipo de gobierno de Santa Pola, del PP, quiere saber cómo actuar ante las causas penales que inició el anterior Gobierno municipal (formado por PSPV, Compromís, EU, Podemos y dos ex Cs) y analizar, en cada caso, si debe seguir como acusación particular por la vía penal en las causas judiciales abiertas, como sucede en la actualidad, o buscar el resarcimiento económico por la vía civil. No se trata de cuestiones menores: son casos como los uniformes de la Policía Local; el derrumbe del colegio Hispanidad; o el alquiler de la Clínica de Gran Alacant, entre otros, que centraron parte del mandato pasado, y que tienen a varios ex concejales del PP o la actual cúpula de la Polícia Local con la condición de investigados.
De esta manera, la alcaldesa, Loreto Serrano, ha anunciado este jueves que el ayuntamiento ha contratado un abogado independiente, Fernando Coves Botella, "especializado en derecho penal, en derecho administrativo, y urbanístico", con el objetivo de que determine si en las causas penales en las que se encuentra personada el Ayuntamiento de Sana Pola, se mantiene como acusación particular o bien como perjudicado a los efectos de solicitar responsabilidad civil.
Serrano ha justiciado esta decisión en aras a a la transparencia: "Queremos ser claros con los ciudadanos y para ello para que exista la mayor objetividad e imparcialidad se acude a estos procedimientos a un profesional con amplio conocimiento en la materia, ya que la materia es penal pero también administrativa", ha explicado.
