CASTELLÓ. El PSPV de Castellón ha cargado contra la gestión del PP en materia de vivienda y ha acusado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco, de "priorizar la especulación y el beneficio privado sobre las necesidades de vivienda de los castellonenses". Así lo han expresado en rueda de prensa el secretario general del PSPV en la ciudad, Rafa Simó; la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Patricia Puerta; y la portavoz de vivienda en Les Corts, María José Salvador, frente al solar de la calle Riu Llobregat que había sido cedido a la Generalitat para la construcción de 121 viviendas protegidas.

"Castelló perderá 5,2 millones de euros en fondos europeos destinados al alquiler social, porque estos fondos estaban específicamente destinados a la construcción de viviendas públicas en régimen de alquiler, pero el Ayuntamiento ha optado por destinar los terrenos a compra y por permutar el suelo regalando un terreno a una empresa a cambio de un número indeterminado de viviendas", ha señalado Salvador. Según la socialista, "esta decisión va en contra de las necesidades reales de la ciudad". Además, ha detallado que "su apuesta por la compra y no por el alquiler solo facilita la recalificación futura de las viviendas para beneficio de los promotores".

Las condiciones de ejecución

En concreto, Salvador se ha referido a que, al desaparecer con el nuevo decreto, el límite mínimo de calificación de VPP, "la Generalitat pueda cambiar la catalogación en cualquier momento". Asimismo, ha advertido sobre el riesgo de perder patrimonio, ya que en el caso de que la adjudicataria de los pisos utilice como aval los terrenos para una hipoteca y posteriormente entre en concurso, el banco se quedará con las parcelas. En este contexto, también ha señalado que los precios de venta de las viviendas serán como de cualquier residencial privado al haber establecido un importe de 2.400 euros el metro cuadrados.

Simó ha afirmado que "la vivienda es una prioridad para los y las castellonenses y por ello el gobierno de Pedro Sánchez ha dado una visión transformadora para que la vivienda se convierta en un derecho fundamental de la ciudadanía con la puesta en marcha de políticas clave para contener los precios de la vivienda, pero también para la construcción de nuevos hogares".  El secretario general de los socialistas en la capital de la Plana ha exigido a Mazón "que aplique la ley de vivienda estatal y tope los precios de los alquileres por qué funciona y ha puesto en valor el anuncio del ejecutivo central de crear una empresa pública de vivienda “para gestionar las viviendas sociales y asequibles, garantizando una política de vivienda sostenida y controlada desde lo público".

El Plan General aprobado por el PSPV

Por su parte, Puerta ha recordado que la llegada de estas viviendas públicas es fruto del trabajo del anterior equipo de gobierno, liderado por el PSPV, que impulsó un plan de vivienda pública y aprobó un nuevo Plan General, a pesar del voto en contra de Begoña Carrasco. "Es una lástima que El PP votara en contra de las herramientas que ahora podrían haber facilitado el acceso a una vivienda digna a cientos de castellonenses porqué el nuevo PGOU reserva entre un 30 y un 50% del suelo en los nuevos sectores previstos para un mínimo de 3.800 viviendas protegidas". Puerta ha definido, además, como "ilustrativo que Carrasco haya reservado en el presupuesto de 2025 para ayudas al alquiler social la irrisoria cifra de 9.000 euros, lo que refleja su nulo interés por el tema ya que, además, votó en contra de una enmienda socialista para implementar la partida en 100.000 euros más".

Finalmente, los socialistas han animado a Carrasco que "ante la dejadez de funciones de Mazón se pongan a trabajar y apuesten por mantener el suelo público y hacer viviendas protegidas de alquiler a través de la promoción propia, como están haciendo otros grandes municipios". "Es el momento de que el PP deje de lado la especulación y entienda la vivienda como un derecho básico de toda la ciudadanía, por qué no podemos permitir que la vivienda sea un lujo al alcance de muy pocos".

La Conselleria aclara que los fondos europeos se redirigen

Fuentes de la Conselleria han aclarado que "los suelos salieron a licitación ya con el gobierno del Botànic y no consiguieron que ningun constructor se hiciera cargo, por lo quedaron desiertos. Por ello, para la nueva licitación y con el objetivo de poner vivienda pública y asequible en el mercado, se ha cambiado de derecho de superficie a permuta para garantizar la viabilidad de la licitación.

El derecho de superficie es para vivienda en alquiler asequible, que es más demandado en grandes ciudades, y la permuta permite alquiler, alquiler con opción a compra y venta, siendo estos formatos compatibles y, por tanto, una fórmula más viable en determinadas ubicaciones, lo que permite que las licitaciones no queden desiertas. En efecto, los Ayuntamientos que contaban con parcelas que en la anterior licitación habían quedado desiertas. A consecuencia de ello, han modificado el acuerdo de cesión, en sesión plenaria, para permitir estos otros procedimientos de licitación que garanticen la viabilidad de la construcción de vivienda pública protegida en sus municipios.

Por otro lado, las mismas fuentes han precisado que "los fondos europeos no se pierden. Aquellos que estaban antes asignados a derechos de superficie (y que, por tanto, solo se pueden destinar a vivienda en alquiler y no se pueden aplicar a las licitaciones por permuta) se redirigen a otros proyectos, como actuaciones de promoción directa de la Evha, o a la convocatoria, que está abierta, para ayuntamientos, que pueden optar para comprar vivienda y ponerla a disposición en régimen de alquiler"