El pasado viernes se conmemoraba como cada 9 de diciembre el Día Internacional contra la Corrupción. La anomalía es que siga existiendo articulándose a través de viejas y nuevas herramientas a pesar de los controles que se supone que hay en países como el nuestro o en la Unión Europea. Hablamos, de este asunto, con Joan Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comunitat Valenciana.
Escribía Llinares el pasado viernes que según el Fondo Monetario Internacional, en su informe Frenando la Corrupción la corrupción le cuesta a España 60.000 millones de euros anuales, lo que equivale a un impacto negativo en su PIB en torno a 4’5 puntos. Por su parte, la OCDE en su recomendación Integridad Pública, una estrategia contra la Corrupción entre el 10 y el 30 % de la inversión en un proyecto de construcción financiado con fondos públicos puede llegar a malgastarse debido a la deficiente gestión y a la corrupción. Expone Llinares en La entrevista que hay un estadio intermedio entre la mala gestión y la corrupción. "Son cifras impresionantes, y se valora tanto la corrupción como el mal funcionamiento en la gestión, y un ejemplo de esto lo tenemos en que en España 1.000 metros cuadrados de la construcción de una carretera cuesta el doble que en Alemania en las mismas condiciones, y esto se debe a que no hay control, a que las empresas colocan modificados, se ponen de acuerdo a la hora de presentar sus plicas a los concursos y demás"
Llinares ha lamentado en reiteradas ocasiones que en España no se ha desarrollado una estrategia nacional anticorrupción. Es decir, que no existe una herramienta que porfíe contra ese mal desde la prevención y la vigilancia, mas allá del Código Penal en el que se aborda el problema cuando el delito ya se ha cometido. Un código del que se habla mucho ahora que PSOE y Unidas Podemos ha presentado una enmienda transaccional para modificar el delito de malversación. Circunstancia que lamenta Llinares. "El delito de malversación está basado en ese hecho, si hay pérdida del dinero público, ahora, por donde parece que va a ir esa modificación, si incorporas un elemento tan subjetivo como es el de si hubo ánimo de lucro o no, con la dificultad que hay para probarlo, y recuperar el dinero malversado, creo que con esto se va a debilitar la lucha contra la corrupción", sostiene el director de la Agencia Antifraude.
Un Llinares que va mucho más allá puesto que entiende que cuando se produce un presunto delito, la comisión del mismo se puede producir en otro momento. "Ya no entro si van a ser más bajas las penas pero ya lo son con respecto a Francia, en Italia, se va a producir una reducción en la malversación sin ánimo de lucro pero es que estamos cansados de ver que que el lucro aparece después con las puertas giratorias".
Los contratos de Grezzi
Por otra parte, le cuestionamos a Llinares sobre la información que ha publicado Valencia Plaza en la que se desvelaba que el concejal del Ayuntamiento de València, Giussepe Grezzi, adjudicó contratos menores a determinadas compañías tras un proceso de supuesta concurrencia en el que se invitaron a competir a empresas que mantenían vínculos de administradores, y que estaban radicadas en el mismo parque tecnológico de Valladolid. Una práctica irregular que pudo vulnerar el principio de competencia y concurrencia pero que el consistorio achaca a una casualidad que se habría producido en, al menos, cuatro contratos sin concurso de este departamento, en los que se invitó a las mismas tres firmas. El PP lo ha denunciado. "Abriremos investigación si nos entra en la denuncia pero lo que hay que aclarar es que no se lo puede llamar concurrencia cuando invitas a varias empresas y todas ellas tienen la misma matriz, porque no hay lo que se pretende, que es defender la competencia", asegura Llinares, quien insiste en lo extraño de este asunto. "Si son tres nombres diferentes pero es la misma empresa, o están ubicados con la misma propiedad, o bajo una misma razón social, aquí, ¿Qué concurrencia existe? Desde mi punto de vista, no se puede estar pidiendo a empresas vinculadas entre sí", expone el director de la Agencia Antifraude.
