El Pleno del Consell aprobaba el pasado 10 de marzo, el Decreto de tipologías en materia de servicios sociales. La Vicepresidenta y Consellera de Igualdad, Aitana Mas, aseguraba que el decreto establece las mejoras que deben llevarse a cabo y que favorecerán una mejora de ratios, poner fin a las macroresidencias y la creación de nuevos puestos de trabajo. La patronal de las residencias, Aerte, ha puesto el acento en que los nuevos requisitos supondrán el incremento del coste de la plaza que podrían asumir los usuarios. Mas aseguró que la subida del coste de las plazas no repercutirá sobre los usuarios de las residencias concertadas y públicas y que las decisiones de las empresas privadas no dependen del Consell. Hablamos de ello, en La Entrevista, con Xavier Uceda, secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Un decreto nuevo siempre genera recelos, aunque éste era reclamado y necesario para actualizar el marco normativo. "Lo normal es de algo que afecta a tantísima población, de algo que ha estado regulado desde el año 90, que cada uno ha ido haciendo como él creía y lo ha hecho desde un punto de vista justo, que ahora cuando le sacas una normativa que hace un modelo común para toda la Comunitat, sea el mismo, con la misma carta de servicios, es normal que alguien diga, es que no se ha adaptado a lo que yo tenía, claro, es que se ha adaptado un modelo común".
Ratios y coste
Se duplica el numero de profesionales. Aumentan las ratios, lo que supone un aumento de los costes por plaza en los conciertos con sumas importantes. La patronal advierte que esos costes los podría asumir el usuario. Uceda, en línea con Aitana Mas lo niega. "Para el usuario de plaza pública, de prestación vinculada, para el usuario que tiene financiación pública de la Generalitat, para el usuario que adquiere su derecho porque se le hace su valoración de dependencia de grado dos o tres, no tendrá ningún incremento. Nosotros tenemos 30.000 plazas, 22.000 tienen financiación pública que no les costará un euro. 8.000 son privadas, que esas no han pedido nada, ni hay concierto, y son privadas".
En este sentido, se han planteado dudas sobre el impacto económico. La dirección general de Presupuestos ya señalaba las dificultades con los recursos requeridos para poner en marcha la norma. EL Consell Jurídic Consultiu decía que debería hacerse un estudio de la incidencia económica en el sector, pero sobre todo en las personas usuarias. Y el CES, aunque tuvo poco tiempo para analizarlo, también lo ponía en duda. Uceda hace varias aclaraciones durante la entrevista al leer los documentos y plantea que el CES y el CES no pidieron la memoria que sí aportaron después. El impacto del incremento de los costes se cifra en 137 millones. "Plantear una mejora de ratios sin que tenga un coste económico es absurdo. Se plantea mejora de ratios y mejora económica. Para qué son esos 137 millones de euros que hay en la memoria? Son para asumir precisamente ese porcentaje de incremento de ratios. Lo único que van a notar esas personas usuarias es que van a ver mejoradas las prestaciones. La Generalitat asume ese coste con 137 millones de euros", asevera el secretario autonómico de Planificación.
Uceda repasa las dudas que han emergido al abrigo de este decreto. Como los plazos de adaptación, los requisitos para unos u otros. Los cambios en mobiliario, adaptaciones y obras de los centros, habitaciones adaptadas. "En todo caso el coste lo asume la Generalitat", asegura el responsable de este negociado. Incide en que, a pesar de que pueden haber centros que tengan diferentes tiempos para adaptarse a los requisitos, "Tenemos un período de adaptación, tiene que haber transitorias grandes porque hay un cambio de modelo importante, y la Generalitat quiere acompañar ese proceso, habrá grupos de trabajo para hacerlo, no habrá centros de primera y de segunda en este período".
Quejas de entidades sociales
Entre las quejas de afectados, algunas entidades sociales como La Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer (FEVAFA), Apime, la asociación profesional de instituciones de menores y la Asociación Coordinadora de Recursos de Atención a personas con diversidad intelectual y funcional (COPAVA) se han lamentado de que ha habido un proceso de escucha pero que no se ha plasmado nada en el decreto. Uceda expone que desde el principio ha habido un proceso real de escucha, de diálogo, que es lo normal que haya dudas y que se resolverán. Hay preparado un documento que resuelve, según Uceda, todas esas cuestiones.
También reclaman que se les ha hecho más caso a sindicatos y profesionales que a las entidades. El dirigente de Igualdad recuerda la Ley de Participación Institucional para defender el peso de unos y otros en la norma.
Además, parece que van a tener un papel muy trascendente la Inspección, lo que causa cierto temor a que ejecuten una labor sancionadora estricta ante tanto cambio. "¿Qué hará la inspección? pues va a tener una labor pedagógica, no solo controladora sancionadora", sostiene Uceda.
