El Tribunal Supremo rectifica y decide que el impuesto de las hipotecas lo pague el cliente. El de ayer fue un día negro para la Justicia española con dos decisiones que hunden su prestigio en el ámbito nacional e internacional.

Por la mañana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciaba que la Audiencia Nacional vulneró, en una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, los derechos fundamentales del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi. Fue en el juicio del caso Bateragune, por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna. Entonces fue condenado por un delito de pertenencia a la banda terrorista ETA y sigue cumpliendo una condena en firme de 10 años de inhabilitación.

Ya por la tarde, el descrédito venía de la Sala de lo Contencioso-Administrativo reunida en Pleno. Después de dos días de deliberación, los 28 magistrados decidían por 15 votos a favor y 13 en contra rectificar la nueva doctrina del Supremo sobe el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Se establece que debe ser el cliente que firma la hipoteca el que pague el impuesto, como ocurría hasta hace tres semanas.

Las autonomías se libran así de pagar 5.000 millones de euros por el impuesto de las hipotecas, mientras llega una oleada de críticas de partidos y organizaciones contra la decisión del Supremo.