La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) reclama a la Generalitat el presupuesto necesario para que "nadie se quede fuera del nuevo modelo de Servicios Sociales". En la patronal andan preocupados por el dictamen que ha publicado el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana sobre el nuevo decreto de centros y servicios que está preparando la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Hablamos, este miércoles, en La Entrevista, con José María Toro, presidente de Aerte.
Denuncian desde la asociación que , el comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana ha elaborado el dictamen sobre el nuevo decreto de centros y servicios sin apenas tiempo. La documentación, con más de 38 documentos y 928 páginas, llegó a las entidades miembros del Comité el 20 de diciembre y el dictamen fue aprobado el 10 de enero de este año.
En cuanto a las consecuencias presupuestarias que conlleva el nuevo modelo, insiste en que deben tomarse las medidas adecuadas para que la falta de medios económicos no suponga la pérdida de derechos o la imposibilidad de acceder a los recursos necesarios. Porque, según Aerte, aumentará el coste de personal por las ratios exigidas y por lo tanto, el coste de las plazas residenciales, así, como en los centros de día. Sus quejas han sido criticadas por los responsables de Igualdad, En concreto, y en Twitter, Miquel Real, exjefe de Gabinete de Mónica Oltra y asesor, ahora, de Aitana Mas, les acusaba de actuar como un lobby en defensa del dinero. Toro interpreta el mensaje en clave electoral y advierte. "No quiero que nadie cuando pase un año, y llegue la primera factura con ese coste elevado nos diga cómo puede ser que me cobre tan caro y nos sube 800 euros la tarifa. Pues mire, llevamos un año y medio advirtiendo que la Conselleria, en este nuevo modelo, no está dotándolos de recursos suficientes, y que el día que nos exija el ratio de personal tendrán que asumir las personas el coste, y si no se incrementan las ayudas, tendremos un problema, y ese día nos dirán que las empresas privadas no hacen otra cosa que lucrarse pero oiga, les decimos que hagamos el camino juntos, que lo hagamos con la dotación presupuestaria necesaria y que nadie se quede fuera, pero parece que eso es mirar por nuestros euros", expone Toro.
En cualquier caso, el modelo pasa por menos plazas por residencias, modelos por unidades de convivencia y más personal por cada paciente. Y en esto subyace que el sector privado debería ser complementario del público pero las plazas que ofrece la Administración no son suficientes. "Se lleva hablando de Sant Mateu en la provincia de Castellón, desde la primera legislatura (se anunciaron las obras hace seis años), y no va a estar hasta finales 2024. Si siguiéramos a este ritmo, de abrir un centro cada siete años, tardaríamos 1.300 años en tener la red que necesita la Comunitat Valenciana, si ese es el modelo que queremos ...", apunta el presidente de la patronal.
En este camino, ahora mismo, Aerte asegura que la oferta es prácticamente privada en la Comunitat. "Nuestro sector es un 80% privado y un 20% público, no está equilibrado, yo siempre he dejado claro que hemos defendido que los recursos, ya sean públicos o privados, deben ser buenos. Y a un coste asumible para las personas. Si hubiera un sector público super eficiente, super bueno, con una calidad extraordinaria nadie iría a una residencia privada, es de cajón, nadie va a pagar por una cosa si se la dan gratis".
Sus reclamaciones son interpretadas por el entorno de Igualdad como un ataque a Compromís, pero Toro disiente. "Podemos, desde el ministerio de Derechos Sociales, sacó un acuerdo de acreditación, en el que marcaba un periodo de adaptación a los nuevos ratios hasta 2029 que se parecen bastante a los que marcará aquí la Conselleria, y es lógica, lo que hace es progresivamente marcar una mejora de sistema, mejorar el personal que se debe incorporar y nos parece bien, no es una cuestión de partidos políticos", asegura Toro.
Otra cuestión que se deriva de esta situación, es la falta de plazas. "Si nos faltan 22.000 plazas y la oferta pública es 3.600, que el 15%, cómo cubrimos el resto, ¿espantando la inversión privada?, es que el discurso es ese- se le indica que la consellera Aitana Mas no ha hecho manifestaciones contra la inversión privada- es que muchas veces cuando se dicen en los mensajes es que la solución es lo público y tal", apunta el presidente de Aerte.
