VALÈNCIA (EFE). El pleno del Consell ha declarado este lunes la urgencia en la tramitación del anteproyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para "agilizar los cambios normativos con la mayor celeridad posible y evitar situaciones de desprotección".

El propósito que persigue la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda con este anteproyecto de ley es reformar la actual regulación de la Renta Valenciana de Inclusión para adaptarla a las nuevas realidades sociales y económicas, simplificar el acceso a la misma y fortalecer su papel como herramienta de inclusión social con el fin de atajar las causas generadoras de la pobreza, según el Consell.

La futura ley busca fomentar la empleabilidad y la integración social de los colectivos vulnerables, garantizar una mayor eficiencia en la gestión de las ayudas, reduciendo tiempos de espera y burocracia, y reforzar la red de servicios sociales municipales como pilar básico del sistema de inclusión social.

El Consell ha adoptado este acuerdo teniendo en cuenta que el sistema vigente de Renta Valenciana de Inclusión "no se corresponde con las necesidades actuales de la sociedad y precisa de una revisión para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social".

Se pretende así la aprobación de una nueva ley autonómica que consiga abordar estos retos simplificando los procedimientos existentes y desarrollando aquellos pendientes de creación.

Ante la "alta vulnerabilidad" del colectivo al que va dirigida la RVI, se ha considerado necesario que este nuevo marco regulador sea tramitado por el procedimiento de urgencia.

La nueva ley permitirá que las personas beneficiarias puedan percibir la RVI mientras desarrollan actividades laborales, "con lo que se elimina la disyuntiva entre recibir apoyo social y acceder al empleo".

Además, incorpora incentivos al empleo, ya que introduce medidas que favorecen la incorporación al mercado laboral y refuerzan la transición hacia la autonomía económica.

Igualmente, fomenta los itinerarios de inclusión social, puesto que la nueva regulación prioriza el acompañamiento personalizado para ayudar a las personas a superar la exclusión a través de estrategias adaptadas a sus necesidades.

Asimismo, a través de esta norma, se amplían los criterios de acceso para llegar a más personas en situación de vulnerabilidad, "lo que supone reforzar la protección de los derechos fundamentales".

Por otro lado, en la línea con las prioridades del Consell, se reducen los trámites burocráticos, al facilitar el acceso a las ayudas mediante un diseño más ágil y accesible.

Este nuevo marco normativo también fortalece el papel de los servicios sociales municipales como agentes clave en la implementación de la RVI, al reforzar su capacidad de respuesta y su cercanía a la realidad local.