Cualquiera de nosotros cuando vamos al médico, estamos seguros de que el Doctor está en posesión no sólo de la licenciatura de medicina, sino que además esperamos que tenga toda clase de Masters, especialidades y cursos, incluido el difícil MIR, para depositar en sus manos uno de los bienes más preciados que tenemos, sino el que más, como es la salud.
Pero también cuando vamos de viaje, esperamos lo mismo del piloto, o cuando vamos al notario o al abogado a redactar nuestras últimas voluntades o cualquier otro acto jurídico, o cuando llamamos al instalador de gas o de la electricidad de nuestra casa, esperamos que todos esos profesionales estén sobradamente preparados (para eso están las acreditaciones, homologaciones y bastanteos oficiales como garantía pública de que lo están). Por otra parte, confiamos (aunque después de la crisis del 2008 un poco menos) en entidades bancarias, agentes y fondos, la administración, de una forma u otra, de nuestra nomina, de nuestros compromisos financieros (hipotecas, recibos de luz, agua, gas…) e incluso de los ahorros (para los que tengan la suerte de poder ahorrar), porque están controlados por diferentes órganos regulatorios y de control, además de estar compuestos de prestigiosos profesionales. Y aquí es donde nos puede surgir la duda ¿qué preparación tienen los políticos para gestionar los miles de miles de millones que suponen nuestros impuestos?
La Administración pública ergo política es, entre otras cosas, ese “vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre” (Papa Francisco dixit, en la 52ª jornada Mundial de la Paz), o también, de forma más prosaica, esa maquinaria que debe atender a los intereses generales mediante un sistema garantista, he ahí los motivos de su complicación; primero, que es lo propio del nivel político, por la identificación de cuales son o deben ser los intereses generales (aquí es donde el realismo o el sectarismo se nota), segundo, que es el plano de la gestión pública, como hacer funcionar eficientemente ese organismo tan especial (por lo diferente que es del sector privado) que por gestionar de forma transparente los fondos públicos (mediante un sistema garantista y basado en parte en el principio de la desconfianza) tiene sus tiempos y sus formas, y exige una formación y experiencia compleja, es en esta perspectiva donde recae la pregunta del título.
En la historia, muchos conocen mi debilidad por la Reina madre de las ciencias de comportamiento humano, hay ejemplos de cómo se preparaban los líderes para ejercer responsabilidades públicas, hace poco a raíz de presentar al magistrado Eloy Velasco, precisamente en un congreso sobre corrupción política y regeneración democrática, hablaba con él de cómo los romanos con su Cursus honorum eran todo un ejemplo de escuela de liderazgo político. Esta carrera profesional de lo público, obligaba a los que la quisieran seguir, iniciarla desde el primer escalafón de la misma, el de Quaestor (fiscalizador de cuentas, una especie de Interventor), pasando después al de Edil (especie de responsable municipal), después el de Praetor (presidían los tribunales de Roma), para finalizar como Consul (máxima magistratura equivalente a jefe del poder Ejecutivo), eso sí todo ello con limitaciones temporales, recogidas por ejemplo en la Lex Villia annalis (180 a.C) estableciendo unas edades mínimas para acceder a cada cargo, limites en la duración del cargo, en algún periodo y en alguno de ellos de solo un año, debiendo tener entre cada cargo un periodo de pausa, de descanso.
