VALÈNCIA. El pasado 2 de agosto el Consejo de Ministros aprobó la licitación de cuatro contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la AP7 en el tramo entre Salou (Tarragona) y Alicante por valor estimado de 129,17 millones de euros. Una operación que suponía un primer paso para la liberalización de esta autopista explotada en la actualidad por Abertis y cuya concesión vence el próximo 31 de diciembre. 

El movimiento no fue baladí, pues era la primera respuesta a una reivindicación reiterada de los partidos que integran el Consell del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- durante la pasada legislatura, bien a través de Proposiciones No de Ley o resoluciones en las que se le pedía al Ejecutivo valenciano que instara al Gobierno de España a emprender las acciones para liberalizar la autopista y que esta fuera gratuita. 

Sin embargo, las declaraciones del actual secretario general de Infraestructuras en funciones del Ministerio de Fomento, Julián López (socialista), en una entrevista concedida a Alicante Plaza sobre la forma en la que se afrontará esta "liberalización" han levantado ampollas en Compromís. Para la coalición valencianista, lo que se pedía al PP, también vale para el PSOE, ahora al frente del Gobierno central. 

Así, en el encuentro, López advertía que a partir del fin de la concesión a Abertis se mantendría abierto un debate en el seno de una subcomisión en el Congreso de los Diputados sobre mantener un "peaje blando" para mantener la infraestructura. Y apuntaba que en ella debería establecerse si este sería mediante pago de "impuestos o no".