VALÈNCIA. (EFE). El cierre de la depuradora de Pinedo, una instalación supramunicipal que da servicio a cerca de 1.200.000 personas, es "inviable" por el daño medioambiental que produciría y debe ser la Generalitat la que, a través de un plan especial que está tramitando, dé respuesta a la sentencia que ordena su cierre. 

Así lo ha asegurado en rueda de prensa Vicent Sarrià, concejal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de València y presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), entidad que junto a la Entidad de Saneamiento de Aguas (Epsar) de la Generalitat gestiona la depuradora. 

Sarrià se ha pronunciado así después de que los vecinos de la pedanía valenciana aprobaran ayer por unanimidad la presentación este lunes en la Ciudad de la Justicia del escrito en el que piden la "ejecución forzosa" de la sentencia dictada hace dos años. 

El fallo ordena al Ayuntamiento de València el cierre de la fase III por carecer de permiso de explotación -en las otras dos fases los daba por prescritos-, aunque en la práctica significaría el cierre de todas la instalación.