VALÈNCIA. Una comunidad de vecinos del barrio valenciano de Patraix se ha alzado contra la apertura de 24 apartamentos turísticos en los bajos de su edificio. Llevan ya varios meses de batalla tras haber modificado en mayo sus estatutos para vetar la implantación de pisos turísticos. Para entonces la promotora ya había iniciado los trámites para ejecutar las obras, que se desarrollan a buen ritmo según los vecinos. La comunidad ha acudido al Ayuntamiento de València para estudiar las posibilidades de impedir su puesta en marcha.

Este lunes, los representantes vecinales se reunieron con la concejalía de Urbanismo, que dirige el edil popular Juan Giner, para trasladarle la preocupación por el 'macroproyecto' de pisos turísticos en los bajos del inmueble. El departamento de Giner, siguiendo la estela del gobierno anterior, ya paralizó el proyecto de una residencia de estudiantes en La Saidïa -decisión que ha acabado en los tribunales y puede conllevar una indemnización cuantiosa-, de manera que ahora tiene ante sí el rechazo vecinal a una iniciativa turística.

En el encuentro, desarrollado a primera hora de la tarde de este lunes, la concejalía mostró "sensibilidad" con los vecinos y se comprometió a revisar "con todo detalle" los dos expedientes en los que se está tramitando la iniciativa, según trasladaron fuentes presenciales. "Explicaron que van a intentar hacer todo lo posible dentro de la ley para frenarlo", relataron en ese sentido las mencionadas fuentes, según las cuales el consistorio aseguró que analizará al dedillo la documentacón presentada por la promotora.

La promotora, el grupo Axis, presentó sendas declaraciones responsables para llevar a cabo las obras en abril poco antes de que el Ayuntamiento aprobara la moratoria de licencias turísticas, a finales de mayo del año pasado. Desde la concejalía de Urbanismo señalaron que, con la nueva normativa urbanística que está preparando mientras sigue vigente la suspensión de licencias, este proyecto no se podría llevar a cabo.

Cabe recordar que, entre las limitaciones que se van a imponer, se restringirán las plazas turísticas (hoteleras y de viviendas turísticas) al 8% del censo del barrio y distrito, y además se limitarán los pisos turísticos al 2% de las viviendas del barrio, al 5% de las viviendas de cada manzana y al 15% de los bajos comerciales de una misma manzana.

El complejo residencial en cuestión, conocido como Nicet Patraix, está situado en la Avenida José Roca Coll y tiene alrededor de tres años de antigüedad. Cuenta con dos edificios de 147 viviendas promovidos por Via Célere y los bajos todavía no habían sido ocupados. Los vecinos compraron las viviendas pensando que, en los bajos, se instalarían comercios u locales de hostelería, hasta que vieron empezar las obras para dividirlos en 24 apartamentos. "Queremos que sea una zona residencial y que la gente tenga una tranquilidad con su inversión", reclamaron este lunes miembro de la comunidad de vecinos.

El presidente de la comunidad, Miguel Roig, explicó a la salida de la reunión con la concejalía que sintieron al Ayuntamiento "receptivo con la sensibilidad de los vecinos y la problemática de los pisos turísticos". "Nos han dicho que están revisando el expediente detenidamente para ver si hay un resquicio legal para impedir que inicien su actividad", explicó Roig a preguntas de Plaza. Así, aunque confesó haber salido "tranquilo" del encuentro, señaló que mientras, las obras "van rápidas" para convertir los bajos en apartamentos. Por lo que quiso dejar claro que, "hasta que no estén paralizados, tenemos que seguir batallando".

Ahora, la batalla vecinal se centra en los cambios que las actuaciones han provocado en la fachada después de que, según relata la comunidad, la promotora "derribara más de 10 metros de dos paredes comunitarias para dar salida a su inversión sin comunicarlo previamente a la comunidad". A su juicio, se trata de un incumplimiento de la Ley de Propiedad Horizontal y de los estatutos de la comunidad, dado que la apertura de las nuevas puertas "supone un menoscabo de los elementos comunes". La comunidad ha dado parte a la aseguradora y, según ha comunicado, "ya trabaja en las acciones judiciales pertinentes contra la propiedad de los bajos comerciales al objeto de restituir los daños causados".