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Navarra asegura que las “competencias compartidas” con el Gobierno central “resolverán” el bloqueo de Mina Muga

  • La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en una de sus visitas al emplazamiento de Mina Muga
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MADRID (SERVIMEDIA). La reunión del pasado miércoles en Madrid entre la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, ha cristalizado en un plan de acción inmediato sobre mina Muga.

Una “hoja de ruta clara”, que permitirá desbloquear la paralización temporal del proyecto, tal y como le ha hecho saber el Ejecutivo Foral presidido por María Chivite a la empresa australiana Highfield Resources, propietaria de la promotora de la mayor explotación minera de España. Este escenario, motivado por una cuestión de procedimiento planteada desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, podrá “resolverse en el marco de las competencias compartidas entre el Gobierno central y Navarra”, tal y como han informado fuentes del Gobierno autonómico a la empresa australiana.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre, el TSJN identificó “un problema de procedimiento” en el proceso de coordinación entre los Gobierno central y de Navarra en relación con la aprobación de la concesión del “permiso Goyo”, una de las tres licencias extractivas que abarcan los yacimientos previstos de Sierra del Perdón, Muga-Vipasca y Pintanos.

A pesar de que la sentencia no cuestiona la validez de la concesión, la paralización de mina Muga pone en riesgo una inversión superior a 700 millones de euros y la creación de 1.800 empleos directos e indirectos en sendas comarcas con riesgo de despoblación como son la navarra de Sangüesa/Zangozerria y la zaragozana de Cinco Villas.

Desde la empresa cotizada australiana “siguen confiando” en el “fuerte” respaldo gubernamental a Muga y en “la rápida resolución” del citado problema. Cabe recordar que, según reveló el diario económico 'Expansión', uno de los acuerdos de financiación del proyecto que asciende a 200 millones de euros expirará el próximo 31 de marzo.

No obstante, y a pesar de este nuevo escenario judicial, Highfield Resources ha vuelto a mostrar su “satisfacción por el compromiso continuo del Gobierno de Navarra y las autoridades españolas con el proyecto”, con mención especial a los últimos “esfuerzos proactivos” para desbloquear la situación.

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