VALÈNCIA. No ha habido hecatombe igual en pérdidas humanas durante toda la pandemia, que la que sufrieron las residencias de mayores. El Gobierno comenzó a publicar datos de fallecidos en marzo de 2021, justo un año después de la proclamación del estado de alarma, coincidiendo con el pautado de la vacuna. Para entonces, ya habían fallecido 34.000 residentes, un tercio del total de víctimas a causa del coronavirus en España. En la Comunitat Valenciana murieron 2.157 mayores en residencias (cifra que no incluye los fallecidos por secuelas, tras haber negativizado el virus, ni los que murieron con síntomas compatibles).
Milagros Rubio es una de esos miles de familiares que no pudieron despedirse de sus seres queridos. Su madre ingresó en una residencia de Alicante en enero de 2020. Le atormenta la culpa por haberla dejado en la residencia cuando no tuvo salida. Iba a ser algo temporal mientras se recuperaba de su rotura de cadera y Mila atendía las sesiones de quimio de su marido. La mayoría de interlocutores de este reportaje se ven en la necesidad de justificar las razones por haber acudido a una residencia. A 2.500 euros al mes, Mila y los suyos creyeron que las condiciones iban a ser dignas. La debacle llegó en enero de 2021, con la primera vacuna ya puesta. «Me llamaron para decirme que mi madre se había contagiado, pero que era asintomática y estaba bien. De repente, el 29 de enero, me comunicaron que acababa de fallecer. Me convencían de que, a pesar de la covid, mi madre había muerto de forma natural. Hasta me alivió ese pensamiento». Mila pedía verla, pero no hubo manera. «Somos de esos españoles que nos despedimos a través de una bolsa blanca sellada. ¿Era ella la que iba dentro? No lo sé», se lamenta. Su madre era de Asturias, el entierro se iba a producir ahí. «A las 48 horas de estar fallecida y enterrándola, me llamaron para decirme que mi madre era asintomática. Ahí se desataron todas las alarmas». Consiguió el dosier de su madre en el Hospital de San Juan de Alicante, al que se habían derivado pacientes. «Ponía que mi madre, en sus últimos días, tenía insuficiencia respiratoria, disfunción renal, demasiados focos como para decir que era asintomática». Por medio de abogados, envió una carta pidiendo a la Conselleria de Sanitat que inspeccionara la residencia. Nunca obtuvo respuesta, aunque cree que la inspección se produjo. La segunda dirección fue la de la Fiscalía, pero la contestación fue el archivo de las diligencias penales porque la paciente fue trasladada, según el protocolo de actuación, al hospital cuando lo precisó, lee textualmente durante la entrevista.
