El director de Desarrollo y Transformación de Negocio de Nedgia (la distribuidora de gas del grupo Naturgy), Vicente Gramuntell detalla cómo el gas verde puede aprovechar la red existente y acelerar la transición energética en hogares e industria

El biometano ha pasado de ser un término técnico a colarse en el debate energético como una de las piezas más pragmáticas de la descarbonización. No es casual: hablamos de un gas renovable, intercambiable con el gas natural, que se obtiene a partir de residuos urbanos, agrícolas, ganaderos o de depuradoras y que, una vez tratado y depurado, puede inyectarse en la red existente y utilizarse en hogares, comercios e industria sin modificar equipos.

Gramuntell lo sitúa en un contexto marcado por el trilema energético —la necesidad que la energía sea sostenible, ofrezca seguridad de suministro y viabilidad económica—. La guerra de Ucrania y la tensión geopolítica han reforzado una prioridad: reducir la dependencia energética. En ese escenario, el biometano juega con ventaja porque se produce localmente y se consume localmente, aprovechando residuos que ya existen en el territorio, reforzando la autonomía energética

Su principal baza es operativa. Al ser químicamente equivalente al gas natural (metano tras un proceso de limpieza y filtrado), puede circular por las redes actuales. Para el consumidor final el impacto es cero en términos de uso: una vivienda no tiene que cambiar la cocina ni la caldera; un restaurante no debe adaptar sus fogones; y, sobre todo, sectores industriales de alta temperatura encuentran una alternativa realista para recortar emisiones.

España, además, parte de una infraestructura competitiva: una red gasista moderna, extensa y capilar, con alrededor de 55.000 kilómetros de tuberías y presencia en más de 1.200 municipios, próxima a zonas industriales y agroindustriales, justo donde se generan muchos de los residuos que alimentan estas plantas. Ese encaje territorial importa: si el biometano crece con plantas pequeñas y medianas, se reduce el tráfico de camiones y el impacto logístico, y se refuerza el vínculo con el entorno rural.

El despliegue avanza, pero a menor velocidad que en países vecinos. Según los datos compartidos por Gramuntell, la red ya roza los 100 contratos de inyección (99) y una capacidad equivalente al consumo de más de un millón de hogares. En número de plantas, España pasó de 8 en 2024 a 14 en 2025, y ya va por 15, con expectativas de duplicar la cifra a final de año. Aun así, Francia cuenta con más de 700 plantas y Alemania con alrededor de 1.300, mientras Dinamarca cubre cerca del 40% de su consumo de gas con biometano y aspira a llegar al 100% renovable en 2030.

El gran cuello de botella, hoy, no es tecnológico, sino administrativo. La tramitación puede alargarse entre dos y cinco años, y la conexión a red rara vez baja de doce meses, por los propios plazos administrativos. La petición del sector es clara: agilizar sin rebajar el rigor ambiental, con procesos más predecibles que den seguridad a la inversión. Porque, más allá del gas, estas plantas generan también un digerido que puede convertirse en biofertilizante, reduciendo la dependencia de fertilizantes importados.

El biometano no es una promesa lejana: es una palanca disponible. La cuestión es si España decide pisar el acelerador y convertir la oportunidad en escala.