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La concejal de vivienda de Valencia, María Oliver contrató 'a dedo' a un bufete afín por el doble de lo que pagaba al Colegio de Abogados. Prestaba el servicio de intermediación hipotecaria para resolver casos de desahucios en Valencia. La edil, de València en Comú, adjudicó el contrato a El Rogle Cooperativa, un despacho de abogados con ligazón ideológica con Podemos.
El servicio, prestado por el ICAV, costaba al consistorio 11.000 euros, tras el cambio se acabó pagando más de 21.000.
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