VALÈNCIA. Los presupuestos autonómicos para 2023 ya transitan hacia su aprobación en el parlamento valenciano. La ley de acompañamiento a esos presupuestos autonómicos se aprobarán este viernes y se remitirá el mismo día a Les Corts para iniciar su tramitación parlamentaria. Por primera vez, el pleno del Consell dará luz verde a esta ley de forma separada al anteproyecto de las cuentas, que se aprobó el pasado lunes en el último día de plazo. De las cuentas y de esa ley hablamos con Francesc Gamero, Secretario autonómico de Hacienda, quien conoce a la perfección el complejo mundo de la negociación entre tres partidos.
Eran 1.641, no 1.336 millones de reivindicación
En esas cuentas se repite la partida reivindicativa de 1.336 millones de euros en transferencias no aseguradas del sistema de financiación. La que implantaron cuando Rajoy gobernaba y que por lógica, continuaron pintando con Pedro Sánchez ya en Moncloa. Lo hacen, a pesar que no se incluye en los PGE 2023, es decir, sabiendo que la ministra de Hacienda no piensa transferirlo, lo cual parece osado desde fuera. "Hicimos un cálculo actualizado y debería ser una partida de 1.641 millones de euros, pero es que esa partida reivindicativa tenemos derecho a recibirlas como mínimo- pero se le cuestiona que es ficticia y responde-pero es un ingreso que necesitamos y que nos deben, cuando se habla de compensar la deuda derivado de la infrafinanciación, debemos presupuestar, como mínimo, lo que nos deben, si no lo hacemos, no podremos hacer ese gasto y cuando se reforme el sistema de Financiación no se podrá compensarla".
Eso sí, desaparecen los 1.000 millones ficticios de las cuentas de 2022 que pintaron como fondo extraordinario. Otro que no se planteaba el Gobierno central. Incluso María Jesús Montero afeó a la Junta de Andalucía que lo hiciera, a imagen y semejanza del Consell, asegurando que era inflar las previsiones de ingreso pero el ejecutivo autonómico incrementa de 640 a 800 millones la deuda que le reclama al Gobierno por la atención sanitaria a pacientes desplazados, el conocido como fondo Foga que está pendiente de pago desde hace años. Vamos, que parece un utopía ingresarlo. "No creo en los milagros, creemos en la justicia, y desde el Consell, si hacemos ese gasto debemos incluir ese ingreso, y es una cantidad que la calcula la conselleria de Sanidad y que está reclamada formalmente al Gobierno de España, y debe dar una solución como al 50% de la Dependencia que tampoco aporta", explica el número dos de Hacienda.
En este sentido, Gamero defiende esas partidas. "Legal y moralmente no podemos dejar de apoyar ese gasto, a las personas que lo necesitan, seguimos el camino de la deuda para prestar los servicios públicos, es el único, no hay más remedio, es muy grave, no solo porque supone una obligación económica en diferido sino también porque compromete el futuro del autogobierno de los valencianos", exclama el dirigente de Compromís.
Partida de Sanidad
Hay un asunto que llama la atención, y que se refiere a la conselleria de Sanidad, el departamento de mayor gasto, pero que es uno de los que menos crece y apenas incrementa un 5,4% su presupuesto o, lo que es lo mismo, apenas 420 millones sobre un presupuesto total de 8.258 millones. Para valorar la consistencia de esa previsión basta compararla con el gasto real de Sanidad en 2021, que fue de 8.467 millones y, por lo tanto, superior en 211 millones al previsto por el Consell en 2023. "Lo deseable es que el presupuesto fuera equiparable al gasto real de la conselleria pero no lo podemos hacer porque si no, cuatro o cinco consellerias fundamentales desaparecerían, lamentable la infrafinanciación no nos permite presupuestar todo el gasto sanitario, es la única que tiene gasto por encima de su presupuesto, que compensamos pagando con el FLA , sí, sería lo deseable pero no es posible", defiende Gamero.
Impuesto de Sucesiones
En cuestiones tributarias, la idea de que el PSPV quiera enmendar la ley para bonificar al 99% el Impuesto de Sucesiones para la transmisión de todas las empresas familiares que facturen más de 10 millones de euros no ha sentado bien en Compromís, pero menos aún en Unides Podem. No ha agradado ni el fondo, la medida, ni la forma, dado que ambos desconocían que su socio en el Botànic estaba preparando una enmienda a la Ley de Acompañamiento de 2023 al margen de ellos y se enteraron por la exclusiva publicada este miércoles por Valencia Plaza. Gamero defiende la postura de Compromís, "Quien tributa no es la empresa, es la persona física, y para comenzar la gran empresa familiar ya está bonificada al 95%, y las grandes empresas que no son familiares, no están bonificadas, ahí ya hay un sesgo a favor del carácter familiar y yo creo que una empresa que factura a ese nivel, creo que los herederos tienen capacidad económica para hacer frente al impuesto", sostiene Gamero.
